Apenas un mes y medio después del fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, la institución del Defensor del Pueblo, ocupada de forma transitoria por María Luisa Cava de Llano tras finalizar el largo y tortuoso mandato de Enrique Múgica, se ha considerado legitimada, a la luz del fallo, para recurrir la ley de acogida de inmigrantes de Catalunya, aprobada en abril en el Parlament con la única oposición del PP y Ciutadans. Es la primera consecuencia jurídico – administrativa de esa cuestionadísima sentencia del TC.

¿Qué impugna la defensora? Que en esa ley se establezca el catalán antes que el castellano como lengua para la formación laboral de los inmigrantes y para el conocimiento inicial de la sociedad a la que llegan. La norma no proscribe el castellano en ese proceso, sino que antepone el catalán, con la correcta idea de fondo de que conocer los dos idiomas les acercará más a la igualdad de oportunidades y teniendo en cuenta el dato estadístico de que muchos inmigrantes ya conocen el castellano por ser la lengua de sus países de origen. Convertir, pues, este loable propósito de la ley –aún sin tiempo de haber sido aplicada– en una discriminación del castellano, como sustenta el instigador del recurso, el diputado José Domingo (ex – Ciutadans), es una maligna exageración. Una vez más, un material sensible como la lengua es utilizado de forma irresponsable como arma arrojadiza. Con el argumento de defender a los inmigrantes , la sucesora de Múgica ha tomado una iniciativa política propia de la derecha más intolerante.