Según el Tribunal Constitucional (TC), el catalán no puede ser lengua de uso «preferente» en la Administración, pero sí puede funcionar como idioma «vehicular» de aprendizaje en la enseñanza. En la diferencia semántica entre ambos términos se ha escudado el Defensor del Pueblo para lanzar un nuevo torpedo contra el Estatut por razones lingüísticas. La institución ha recurrido la ley catalana de acogida, que establece el catalán como lengua «de primera acogida» para los inmigrantes, lo que significa que tiene prioridad sobre la enseñanza del castellano, que, no obstante, también está regulada en la norma. Esta impugnación se suma al recurso del Defensor del Pueblo contra el Estatut, que sigue pendiente de respuesta, y supone un nuevo revés para la Carta autonómica en tanto que puede hacer mayor el tijeretazo aplicado por el TC a partir del recurso del PP.

En esta ocasión, el varapalo a la ley de acogida, aprobada por el Parlament en abril con el aval del tripartito y CiU y el rechazo del PP y Ciutadans, no lleva la firma de Enrique Múgica, quien finalizó su mandato el 1 de julio y, con una hábil finta, dejó la decisión en manos de su sustituta en funciones, María Luisa Cava de Llano. Cuando el diputado del Grupo Mixto José Domingo trasladó la ley al Defensor del Pueblo, Múgica se comprometió a estudiar el caso, pero lo aplazó hasta que el TC resolviese el recurso del PP sobre el Estatut, sabedor de que coincidiría en el tiempo con su cese.

ARTÍCULO CLAVE / Los dardos apuntan al artículo 9 de la norma, un precepto que, de entrada, ya deja claro que el inmigrante «debe alcanzar las competencias lingüísticas básicas en catalán y en castellano». Durante el servicio de primera acogida, el catalán será la lengua «común» para las políticas de integración y «vehicular» de la formación, lo que se traduce, en la práctica, en que los extranjeros empadronados deberán adquirir primero un nivel básico de catalán y luego, si lo desean y lo solicitan, aprender castellano.

El texto evita hablar del catalán como lengua preferente, condición anulada por la sentencia del TC. Ese mismo fallo, al analizar el sistema de inmersión lingüística vigente en la escuela, dictaminaba: «No puede ponerse en duda la legitimidad constitucional de una enseñanza en la que el vehículo de comunicación sea la lengua propia de la comunidad autónoma y lengua cooficial en su territorio». Es decir, el catalán puede ser lengua vehicular.

Domingo arguyó que los inmigrantes «se volverán locos» si, una vez que han aprendido catalán, se ven obligados a marcharse de Catalunya por motivos de trabajo y deben estudiar entonces castellano. Una visión opuesta a la del Govern, que cerró filas en torno a la ley nada más conocer el recurso del Defensor del Pueblo. La consellera de Acció Social, la republicana Carme Capdevila, justificó que dar prioridad al catalán garantiza el aprendizaje de ambas lenguas, ya que difícilmente un inmigrante que estudie primero castellano querrá luego saber catalán.

COMPETENCIAS COMPARTIDAS / Otra rendija por la que se ha colado el Defensor del Pueblo es la interpretación que hizo el alto tribunal de las atribuciones del Estatut en materia de inmigración. Los magistrados rechazaron que la Generalitat disponga de competencias exclusivas sobre acogida, un extremo que quedaba blindado en la Carta catalana. Pese a todo, fuentes de Acció Social aseguraron que el recurso tiene una base jurídica poco sólida, y aún menos tras el fallo del TC sobre el Estatut.

ERC fue el partido que ayer más alzó la voz, aunque siempre para atacar a Múgica y no a su sucesora. El líder de los republicanos, Joan Puigcercós, lo acusó de sumarse a la «cruzada para fracturar la sociedad catalana» y de «aliarse con la xenofobia y el racismo», informa Sara González. Más furibundo, el conseller de Innovació, Josep Huguet, tachó de «falangista» a Múgica. CiU alertó de la nueva «agresión» al autogobierno e ICV – EUiA habló de «provocación».

Antes de ser refrendada, la ley de acogida pasó el filtro del Consell

de Garanties Estatutàries, que avaló por unanimidad un dictamen favorable elaborado por el jurista Julio Añoveros, nombrado, para más inri, a propuesta del PP.