Día 16/08/2010
EL pasado jueves comenzó el mes de Ramadán, durante el cual los musulmanes que hayan alcanzado la pubertad están obligados al ayuno desde el amanecer hasta la puesta de sol. En nuestro país residen dos millones de seguidores del Islam que tendrán que hacer frente a sus deberes religiosos en una época de altas temperaturas. La libertad religiosa, consagrada por el artículo 16 de la Constitución, ampara el cumplimiento de esta práctica, siempre y cuando no altere la actividad ordinaria en la vida ciudadana y los centros de trabajo. Carece de sentido por ello la solicitud de diversas asociaciones de comunidades islámicas dirigida a las administraciones públicas y a los empresarios para que adopten medidas destinadas a flexibilizar los horarios de los empleados musulmanes. No se trata de un problema de falta de generosidad, ni de incomprensión. Cualquier creencia practicada libremente en el marco de la legalidad merece el máximo respeto, pero nadie puede exigir privilegios ni ventajas particulares en contra del principio de igualdad y del objetivo de integración plena que debe presidir la política de inmigración en una sociedad desarrollada.
El problema es que, demasiadas veces, bajo el pretexto del multiculturalismo, se oculta una falacia ideológica que dificulta esa integración y, en ciertos casos, como el «burka», promueve una discriminación intolerable en el Estado de Derecho. Por lo demás, la situación económica exige un elevado rendimiento laboral y no es lógico que las empresas se vean obligadas a replantear su funcionamiento, con la consecuente repercusión en sus costes de producción. Cumplir el Ramadán es una opción lícita y perfectamente compatible con el trabajo, también en épocas de calor, que son más que frecuentes en los países de origen de muchos musulmanes.