A raíz de lo sucedido en El Vendrell y Calafell se ha puesto de manifiesto algo que se ha ido generalizando en los últimos meses. Discretamente han ido apareciendo noticias en prensa local sobre el incremento exponencial de la presencia de top manta por calles de pueblos y ciudades, sobre todo turísticos, de nuestro país, y en torno a su control.

Ante todo, hay respetar la autonomía local. Cada ayuntamiento es soberano en su término, y en este caso tanto Benet Jané como Jordi Garcia han actuado en interés de salvaguardar la paz de su municipio. Hecha esta apreciación, deben subrayarse dos aspectos. Primero: estamos ante un caso claramente humanitario derivado del fenómeno inmigratorio. No hace falta conocer cada caso en particular para saber que se trata de personas en situación irregular, con una subsistencia precaria y que han encontrado como salida la figura del marchante. Eso es un problema de gestión estatal.

Y también estamos ante un tema de legalidad: se ejerce la venta no sedentaria sin ninguna autorización, sin estar de alta en la Seguridad Social ni en la Agencia Tributaria, ni en el padrón municipal, haciendo competencia directa fraudulenta a las cerca de 20.000 familias de este país que comercian, que con los años han normalizado su actividad, con grandes esfuerzos de modernización y profesionalización, y que ahora precisamente se ven sometidos a lo retos de la aplicación de la directiva comunitaria de servicios o Bolkenstein; y que tienen su regulación y limitación en el espacio y el tiempo. No se pueden crear nuevos puntos de mercado sin estudiar sus impactos. Y afecta al comercio sedentario de las zonas donde instalan sus mantas, y, por extensión, a todo el comercio del municipio; con un evidente agravio comparativo, igual que con los marchantes.

Y la ilegalidad continua con lo que se pone a la venta. Normalmente no son imitaciones de productos de lujo, no venden gafas Guci o Dolche Gabana, o un bolso con unos deformados ositos Tuos, sino que son copias muy auténticas de Gucci, Dolce&Gabbana o Tous. ¿A quién no le han ofrecido un Rolex por 15 euros? Todo esto es fraude comercial que la Generalitat debe vigilar.

¿Y quién está detrás? Salvo excepciones, tramas organizadas que utilizan como vendedores a personas necesitadas que cuentan con este recurso como último apoyo para subsistir. No venden artículos hechos por ellos, no es artesanía ni producción agrícola.

No es un tema fácil, es muy complejo, y debemos ir con cuidado. Se oyen voces disonantes estos días. ¿Darles los papeles? Recuerda peligrosamente el efecto llamada. Quizá multar a los compradores…

Creo que es un tema a debatir. La Generalitat y el Estado, que están implicados, con los ayuntamientos, como siempre en medio de la tormenta. Con nuestros escasos medios, no podemos hacer frente a todo y a tantas competencias, como algunas en materia de vigilancia comercial sin recursos para hacerlo. ¿La policía local vela por la inseguridad ciudadana o debe vigilar qué venden los mercados? No llegamos a todo.