Algunos de los disidentes cubanos excarcelados y acogidos en España recurrirán a los tribunales si el Gobierno les deniega el asilo político que han solicitado para regularizar su situación. Quieren que se les reconozca su condición de refugiados para que quede patente que estuvieron en prisión por motivos políticos y que fueron deportados por el régimen castrista. Este estatus debe ser concedido o denegado en un plazo máximo de seis meses por la Oficina de Asilo y Refugio, en la que participan los ministerios de Interior, Exteriores y Justicia.

Seis disidentes y una veintena de familiares encabezan esta protesta contra el Gobierno español y pedirán amparo al Defensor del Pueblo para que se tome una decisión de forma urgente. Según el abogado de los ex presos, «el Gobierno, extraoficialmente, les ha dicho que no les va a reconocer el asilo» para evitar problemas con las autoridades cubanas. En este caso, presentarían un recurso contencioso – administrativo para que sean los tribunales los que resuelvan su petición.