Interior de un ‘piso patera’ durante un registro efectuado por la Policía Nacional tras detectar que formaba parte de una red de tráfico ilegal de personas. :: CNP

20 personas en 30 metros cuadrados. Por la noche el suelo cubierto de colchones, esterillas o mantas; las literas sustituyen a las camas: caben varios y ocupan como una sola. Por el día, los catres se apilan en una esquina para ganarle algo de espacio a la miseria. El retrete es un habitáculo maloliente, no hay ducha y el lavabo lleva meses sin agua caliente. La basura se amontona en una esquina de la cocina, repleta de platos sucios.

Las habitaciones, si es que hay alguna, están cerradas con candado sólo cuando tienen puerta. Los inquilinos son de varias nacionalidades, sobre todo subsaharianos y magrebíes, aunque también hay rumanos, rusos, latinos y hasta españoles. Tienen cara, nombre y pasaporte, pero son invisibles.

Llegaron en busca de una vida mejor, con el ánimo de prosperar y ganarse el pan dignamente, pero el sueño de prosperidad se rompió en mil pedazos. Poco trabajo, mal pagado y sin posibilidades para hacerse con la tarjeta de residencia. A muchos sólo les salva la misericordia de las asociaciones benéficas.

Este podría ser el retrato robot de un ‘piso patera’ cualquiera de los que pueblan, sobre todo, los barrios de San Andrés, San Antolín y El Carmen.

Los dueños de estas viviendas infrahumanas cobran entre 200 y 300 euros por barba, alquileres abusivos por dormir en un colchón sucio y maloliente, muchas veces compartido por tres y hasta cuatro personas, sólo hay que tumbarse en horizontal. Pero no todos los ocupantes son inmigrantes o excluidos sociales: en estos días de calor hay otros ‘inquilinos’ que además no pagan: las cucarachas campan a sus anchas entre la mugre y la putrefacción, pero para los arrendatarios son el menor de sus problemas.

Generalmente, nada delata las condiciones infrahumanas de los ‘pisos patera’ hasta que una denuncia vecinal las destapa «o en una actuación policial por violencia de género, peleas o drogas los agentes se encuentran con una de estas infraviviendas. No existe un control sobre el número de ‘pisos patera’, y nunca se ha creado un registro, aunque en algunas investigaciones se detectan más empadronamientos que número de inquilinos», aclara un portavoz de la Policía Nacional.

En el barrio del Carmen reina el silencio sobre este asunto. Los inmigrantes , en general, son reacios a hablar con los periodistas, y ninguno afirma conocer viviendas de estas características. «En el edificio donde residí unos meses el pasado año, en la calle Arenal, había un piso donde, por lo menos, vivían 20 personas, casi todos subsaharianos. Las peleas eran constantes, a cualquier hora del día o de la noche, y traficaban con droga, porque no paraba de entrar y salir gente», cuenta Jairo Rodríguez, ecuatoriano.

«Casi me da un ataque»

Una vecina del Carmen de toda la vida, con su carrito de la compra repleto y de vuelta a casa, atiende al periodista en plena acera, pero eso sí, a la sombra. «Tengo un piso en la calle Sauce y hace unos años se lo alquilé a un marroquí. A las pocas semanas estaba lleno de gente, por lo menos se habían metido allí unos treinta. Cuando vi el estado en el que estaba la vivienda, llena de suciedad, inmundicia y completamente desordenada, casi me da un ataque. No me costó mucho conseguir que se fueran, pero me dejaron facturas de luz y agua sin pagar y tuve que cambiar la cerradura, porque alguna noche se colaban a dormir».

En San Andrés tres cuartos de lo mismo. Constanza, vecina del barrio desde el 88, relata que «los magrebíes venden drogas por las esquinas y la Policía no hace nada, pero no conozco ningún edificio con ‘pisos patera’. La gente comenta que hay muchos por la zona, pero nadie sabe con exactitud dónde».

Sami Hamza, argelino de 23 años, no sabe nada de estas infraviviendas: «Yo vivo con mis tres hermanos y dos primos. Nunca he oído hablar de que en esta zona haya casas de este tipo. La prensa exagera mucho y no me fío de lo que se publica».