Aunque con sus previsiones más radicales suspendidas por una juez federal, entró en vigor la tristemente célebre Ley SB7010, por la que el Gobierno del estado de Arizona quiere conseguir una proeza materialmente imposible, moralmente reprobable y económicamente equivocada: localizar a todos los inmigrantes indocumentados y proceder a su expulsión. La proximidad de un México incendiado con la lucha casi militar del Gobierno contra los clanes del tráfico de droga está permitiendo añadir presuntos argumentos a la necesidad de blindar la frontera – algo para lo que el propio Gobierno federal toma medidas enérgicas – y añadir argumentos espurios al asunto, muy distinto, de cómo tratar a los indocumentados, prácticamente todos latinos. El estado ha recurrido la decisión de la juez Bolton, pero hasta noviembre no habrá sentencia, o sea, hasta después de las elecciones legislativas parciales de ese mes. Este hecho explica actitudes, como la del senador McCain, moderado como candidato presidencial y ahora favorable sin reservas a la Ley, al igual que la derecha radical republicana, con el ‘Tea Party’ en cabeza. El Gobierno de Washington entiende seguir oponiéndose y hay una razonable esperanza de que el dislate sea atenuado o detenido.