Aunque con sus previsiones más radicales suspendidas por una jueza federal, ya está en vigor la tristemente célebre Ley SB7010, por la que el Gobierno del Estado norteamericano de Arizona quiere conseguir una proeza materialmente imposible, moralmente reprobable y económicamente equivocada: localizar a todos los inmigrantes indocumentados y proceder a su expulsión. La proximidad de un México incendiado con la lucha casi militar, y escasamente exitosa, del Ejecutivo de Felipe Calderón contra los clanes del tráfico de droga está permitiendo añadir presuntas razones a la necesidad de blindar la frontera – algo para lo que el propio Gobierno federal ya toma medidas enérgicas – y sumar argumentos espurios a otro asunto, muy distinto: el de cómo tratar a los irregulares, prácticamente todos de origen latino y unos 12 millones de personas en todo el país. El Estado de Arizona ha recurrido la decisión de la jueza Bolton, pero hasta noviembre no habrá sentencia, o sea, hasta después de las elecciones legislativas parciales de ese mismo mes. Este hecho explica actitudes como la del senador John McCain, antes moderado como candidato presidencial y ahora favorable sin reservas a la norma que convierte en delincuentes a aquéllos que no lleven encima documentos. La cercanía electoral inspira igualmente a la derecha radical republicana, con el ‘Tea Party’ a la cabeza. La batalla judicial abierta en torno a la Ley SB7010 terminará en el Supremo, pero el peligro de contagio a otros Estados de iniciativas similares exige al Gobierno de EE UU valentía política para reclamar la competencia de inmigración como verdaderamente federal con una reforma de la actual normativa. Una modificación legal que integre los beneficios que aportan las personas indocumentadas en la línea de lo reclamado por destacados dirigentes políticos como los alcaldes de Nueva York y Los Ángeles, y favorezca que todos los ciudadanos se puedan reconocer en lo que Barack Obama ha definido como «país de leyes y nación de inmigrantes ».