La madre nicaragüense Lorena Aguilar vende en la calle un decodificador de televisión y ropas, afuera de su departamento, en el oeste de Phoenix. A unos pocos pasos, su vecina mexicana –indocumentada– Wendi Villaseñor ofrece una mesa de cocina, algunas sillas y varios platos mientras su familia se apresura para salir de Arizona, antes de que entren en vigor fuertes medidas contra los inmigrantes ilegales.

“Todos están liquidando lo poco que tienen y yéndose”, dijo Villaseñor, de 31 años, quien se dirige a Pensilvania. “No tenemos alternativa. Nos arrinconaron”, agregó.

El estado de Arizona se puede convertir desde el jueves en el primero del país en criminalizar la presencia de los inmigrantes indocumentados, por lo que la comunidad hispana prepara manifestaciones y actos de desobediencia civil.

Las dos mujeres están entre las muchas familias de inmigrantes ilegales en Phoenix que sacaron los artículos de sus casas al jardín este fin de semana, apurados por liquidarlos y salir antes de que la ley estatal entre en vigor, este jueves.

La ley, la más dura que haya impuesto un estado de Estados Unidos para detener la inmigración ilegal, busca sacar de Arizona –que comparte frontera con México– a más de 400.000 jornaleros, jardineros, empleados, camareras y otros trabajadores indocumentados.

La legislación vuelve la inmigración ilegal un crimen estatal y exige a la Policía local y estatal, durante un contacto legal, investigar el estado migratorio de cualquiera de quien sospeche que es un inmigrante indocumentado.

El Gobierno estadounidense estima que unos 100.000 inmigrantes no autorizados abandonaron Arizona tres años atrás, luego de que el estado aprobó una ley que sanciona a los empleadores y le exige a las empresas verificar a sus trabajadores usando un sistema computacional federal.

Algunos se dirigen de vuelta a México o a estados vecinos. Otros se quedarán y verán sus posibilidades. En una señal de un éxodo masivo, negocios mexicanos, como tiendas de abarrotes, carnicerías, cafeterías y salones de belleza, cerraron sus puertas en las últimas semanas, abandonados por dueños y clientes.

Arizona es la principal ruta del tráfico de drogas y personas desde México hacia Estados Unidos. La gobernadora republicana del estado, Jan Brewer, promulgó la ley en abril con el propósito de reducir la violencia y el delito proveniente de la inmigración ilegal.

Aunque la ley se enfoca en los indocumentados, residentes legales y sus hijos nacidos en el país también han sido arrastrados por la urgencia de abandonar Arizona. La mexicana Gabriela Jaquez, de 37 años, dijo que liquida sus pertenencias para mudarse a Nuevo México con su esposo, que tiene la residencia legal, y con dos hijos nacidos en Phoenix.

Organizaciones nacionales y locales preparan una movilización a nivel estatal que comenzará mañana con una vigilia en varias ciudades, seguida por demostraciones el día jueves en el Capitolio estatal en Phoenix y en el edificio estatal en Tucson. Se espera la llegada de docenas de personas provenientes de California, quienes se unirán a un movimiento a escala estatal que está pidiendo a la comunidad rechazar la implementación de la ley SB1070 por medio de actos de desobediencia.

“Creo que el miedo y el temor que al principio había entre la comunidad hispana ahora se está convirtiendo en coraje”, dijo hoy Lydia Guzmán, activista de la organización Respect/Respeto en Arizona.

La ley SB1070 otorga funciones de agentes de inmigración a los policías locales, quienes podrán cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona que “sospechen” se encuentra de manera ilegal en EE.UU.

Cárcel está lista
Activistas denunciaron que con indignación se recibió la noticia de que el alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, ya designó una sección especial con el nombre ‘1070’ dentro de la cárcel de Las Carpas para encerrar a los indocumentados arrestados, bajo la nueva ley.

Documentos
Una vez que entre en vigor la nueva regulación en Arizona, también será un delito emplear o transportar a un inmigrante indocumentado. La norma también exige que todos los extranjeros porten sus documentos migratorios.