El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales ha decidido personarse como acusación particular en la causa judicial instruida por la paliza sufrida por cuatro trabajadores senegaleses en una empresa de la localidad alavesa de Lantarón. En opinión de la consejera Gemma Zabaleta, el Gobierno vasco tiene que actuar como parte interesada en este caso y en todos aquellos episodios en los que estén en juego «valores especialmente relevantes para la convivencia y el bien común».

Los hechos se produjeron el pasado 14 de julio, horas después de que un padre y su hijo fueran despedidos por una empresa de Lantarón tras haber proferido insultos racistas contra cuatro compañeros senegaleses. El hijo les esperó a la salida del trabajo, acompañado por un grupo de individuos que golpearon brutalmente a los africanos. Para Zabaleta, «existen claros indicios» de que la xenofobia y el color de la piel de las víctimas «tuvieron una influencia decisiva en el desarrollo de los hechos».

La titular de Asuntos Sociales considera que, al ejercer la acusación particular, su departamento pretende precisamente poner el énfasis en el componente racista de lo ocurrido en Lantarón. «Es un mensaje muy claro de contundencia en el reproche institucional y de tolerancia cero hacia comportamientos de esa naturaleza», declaró.

«Calma y confianza»

Las manifestaciones de Gemma Zabaleta se producen después de que el director de Inmigración, Miguel Ángel González, se reuniera esta semana con representantes de la comunidad senegalesa y del cuerpo consular de ese país para trasladarles «un mensaje de condena y solidaridad» y, al mismo tiempo, para pedirles «calma y confianza» en la Administración de Justicia. Durante el encuentro, González constató «la preocupación y el temor» que reina en el colectivo africano radicado en Álava, ya que los cuatro operarios senegaleses fueron golpeados con incluso con barras de hierro, y uno de ellos tuvo que ser hospitalizado en Vitoria con traumatismo craneoencefálico.

La asociación SOS Racismo advirtió, por su parte, de que el grave incidente «no es un hecho aislado», sino que ponía de manifiesto que en Euskadi existe «un caldo de cultivo, un acoso de baja intensidad» que puede degenerar en acciones violentas contra el colectivo de inmigrantes.

La asociación señaló que, por desgracia, sólo cuando se producen estallidos de violencia como el de Álava sale a la luz «el clima de hostilidad» latente, en palabras de la portavoz de Vizcaya, June Fernández. No obstante, la organización no gubernamental alabó la «valentía» mostrada por la empresa alavesa que despidió a los dos empleados que humillaron a los senegaleses.