Especial para EL MUNDO

Ada Ghiara, una maestra argentina jubilada de 88 años, acumula 29 viajes a Málaga desde 1980. Vuela constantemente para visitar a dos hijos y seis nietos radicados allí. A principios de julio hizo la maleta aún con más ilusión que de costumbre, pues esta vez la acompañaría su hija mayor, Lucía, que cumplía años y quería festejarlo en familia. La abuela acomodó en su bolso el dulce de leche y los alfajores argentinos que chiflan a los nietos españoles.

Llegaron a Barajas y pidieron una silla de ruedas, pues a sus años la fatiga no da tregua. Todo iba normal hasta que en el control de entrada les invitaron a pasar a un cuarto, junto a otros seis viajeros del mismo vuelo. «Le explicamos a un policía que queríamos reunirnos en familia. Yo pasaría en Málaga cinco meses y mi hija uno. Llevábamos casi 3.000 euros, más tarjetas de crédito», relata la anciana a EL MUNDO.

Sin embargo, el agente observó que no tenían dinero suficiente para pagar el hotel y quedarse hasta el 6 de diciembre. «Yo le dije: ‘Pero señor, ¿para qué quiero un hotel si voy a la casa de mi hija?’», cuenta la anciana, que en la discusión perdió los nervios y tuvo que recibir asistencia médica. Entre tanto, sus hijos Hugo y Estela con nacionalidad española aguardaban al otro lado de la puerta, en la Terminal 1 de Barajas.

La discusión continuaba dentro de la habitación. «El policía casi no me dejaba hablar y me dijo: ‘Si es cierto que usted viene desde hace 30 años a España a ver a sus hijos, pues entonces ha vivido más o menos unos 15 años aquí y representó gastos para el Fisco español’», recuerda. «También me explicó que no tenía una carta de invitación de mis hijos».

Eran las 20.00 horas cuando les quedó claro que habían emprendido un viaje a ninguna parte. El policía les entregó un papel sin firma que ponía: «Denegatoria de entrada en la frontera». Ada y su hija tuvieron que embarcar de regreso a Buenos Aires.

Con ánimo de dar batalla, porque «había juntado peso sobre peso para este viaje», la octogenaria lamenta que les trataran «peor que a delincuentes». Y reaccionó enviando una carta a Zapatero.

«Siempre he sido atendida con respeto y atención en el aeropuerto de Barajas. Pero esta vez no nos brindaron ni un vaso de agua, ni una llamada telefónica, ni una explicación clara de lo que sucedía. Como prisioneras, fuimos trasladadas a un avión y devueltas a mi país. Le ruego haga lo que sea posible por nosotras».

Ante la repercusión que el caso tuvo en la prensa de Argentina, la embajada de España emitió un comunicado informando de que el rechazo se debió «no a uno, sino a varios incumplimientos». Además de la falta de dinero y la carta de invitación de los hijos, agregó, no tenía visado de residencia para estancias mayores a 90 días. Y responsabilizó a sus hijos por lo ocurrido, porque «deben conocer los requisitos» para la entrada en España.

En Madrid, el Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación y ha pedido el expediente respectivo a las autoridades del aeropuerto madrileño, así como información sobre la asistencia brindada a la mujer. «No les voy a dar el gusto de entregarme así nomás», concluye la abuela a este periódico.