Apesar de que el año pasado llegaron 15 pateras hasta Alicante, el Gobierno minimiza la existencia de este riesgo para justificar la exclusión de la provincia de la misión Indalo, desarrollada por la agencia europea Frontex contra la inmigración ilegal.
Cada verano, agentes de España, Bélgica, Francia, Alemania, Italia y Portugal patrullan la costa española por mar y aire, desde Granada hasta Murcia, para detectar la llegada de pateras. Alicante ha quedado sistemáticamente excluida de esta operación, en cuyo diseño tiene un papel decisivo el Gobierno español, a pesar de que durante los últimos años la presencia de embarcaciones ilegales ha sido patente en sus aguas.
El senador popular Agustín Almodóbar ha pedido explicaciones al Ejecutivo sobre esta situación. En su respuesta parlamentaria, el Gobierno se limita a indicar que «las áreas de actuación de las operaciones desarrolladas por los Estados miembros, apoyados por Frontex, se determinan en función del resultado de los análisis de riesgos de las diferentes zonas».
Pero el riesgo de la llegada de pateras a Alicante es innegable, y de hecho la agencia europea cuenta con informes que advierten de esta situación desde 2007. Y la propia exclusión de la provincia de la misión ha contribuido a incrementar este riesgo: el hecho de que la costa española esté «blindada» desde Granada hasta Murcia ha desviado una parte del tráfico de pateras hacia las costas de Alicante. De hecho, la primera patera del año llegó a la provincia el pasado 1 de junio, coincidiendo con el inicio la misión del Frontex.
El Servicio Marítimo, eficaz
El Gobierno también niega, en respuesta a otra pregunta planteada por Agustín Almodóbar, los graves problemas que está registrando el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana.
Según sostiene Interior —en una respuesta fechada el pasado 7 de junio—, este Servicio «está dotado con recursos adecuados para el cumplimiento de las misiones que tiene encomendadas, sobre las cuales nunca se ha detectado ninguna falta de eficacia en el cumplimiento de las mismas».
No es cierto. Tal como ha informado ABC, una lancha que según las estimaciones del propio Instituto Armado transportaba cerca de 3.000 kilos de hachís recorrió en marzo todo el litoral alicantino, desde Murcia hasta Gandía, sin ser abordada a pesar de que, esta vez sí, su presencia había sido detectada por los radares SIVE.
Los narcotraficantes lograron darse a la fuga tras descargar el cargamento. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que había sido advertido desde el centro del control del SIVE, no pudo intervenir porque la única patrullera que estaba disponible tenía órdenes estrictas de no abandonar el puerto de Alicante.
Algo similar ocurrió el pasado día 13, cuando una patrulla de la Policía Local de Santa Pola descubrió que una patera se aproximaba a la costa. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil no pudo abordar la embarcación porque no tenía ninguna patrullera disponible para hacerse a la mar, debido a las órdenes avaladas por el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta.
Cuando una patrulla de tierra del Instituto Armado llegó a la playa, los tripulantes ya habían desembarcado y habían escapado. Al final fueron detenidos diez, aunque se desconoce si otros pudieron darse a la fuga.