Antonio tiene desde hace 44 años un bar en el barrio de San Antón de Elche que pronto será derribado junto con todo el edificio y el resto de bloques, un total de 15, que conforman este espacio urbano al sureste de la ciudad. El bar se llama Siboney y lo abrieron hace más de medio siglo sus suegros, que le pusieron ese nombre por una canción de Los Panchos. Antonio vive justo en el piso que está encima del Siboney y allí, con su mujer, han criado a sus dos hijos, de 28 y 15 años. Los 3.000 vecinos de esta barriada obrera ilicitana se trasladarán a las 1.095 viviendas que se van a construir para ellos en unos terrenos próximos. Las tres administraciones llevan más de una década gestionando el problema de este barrio, construido a finales de los cincuenta, con prisas y carreras para acoger a los miles de extremeños, manchegos y andaluces que llegaban buscando una oportunidad en la emergente industria del calzado. Hace 13 años se detectaron graves deficiencias en la edificación, especialmente por la mala calidad de los materiales empleados. Tras varios estudios e incluso el costosísimo intento de rehabilitar los bloques, se decidió que era mejor demoler y hacerlo todo nuevo.

El proyecto ha sido muy complicado desde el punto de vista administrativo y, además, era necesario poner de acuerdo a las administraciones implicadas: el Ministerio de Vivienda, la Consejería de Urbanismo y el Ayuntamiento de Elche. Incluso se han modificado varias leyes para llevar a cabo la remodelación integral del barrio y que los vecinos puedan acogerse a ayudas que sufraguen la mayor parte de las nuevas viviendas. Esta es la única solución posible para que las familias que viven en este barrio puedan obtener ayudas que les permitan ser los propietarios de los nuevos pisos.

La mayoría de vecinos son jubilados que difícilmente podrían pagar un piso y que nunca lograrán una hipoteca. Con las subvenciones y según los ingresos y patrimonio, los propietarios accederán a las nuevas casas pagando cantidades muy ajustadas. El 80% son familias que no superan el 1,5 del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) por lo que, con las ayudas estipuladas, apenas pagarán entre 10.000 y 20.000 euros, según la directora general de Vivienda, María Jesús Rodríguez.

Así dejarán unos pisos de unos 52 metros cuadrados en cinco alturas sin ascensor para trasladarse a un nuevo barrio, pegado al actual, con 17 bloques modernos y adaptados a las energías renovables. Y “con ascensor”, que es lo que más ilusión le hace a José Salmerón, guardia civil jubilado que vino de Granada en 1963. José vive con su mujer en un tercer piso y en el sorteo ha elegido un séptimo. No termina de creérselo: “Más fácil no te lo pueden poner, pero luego ya veremos, llevan 13 años engañándonos”.

Mari Carmen Alemañ, de 43 años, y su hermana Susi, de 35, son algo más optimistas. “Lo que nos gustaría es ver las máquinas ya por aquí”, aseguran impacientes. Nunca han querido dejar su barrio.

Sí lo hicieron muchos vecinos, cansados de las dificultades para poder arreglar las viviendas. El 30% de los pisos está vacío y en los habitados, entre un 20% y un 30% los ocupan inmigrantes de origen magrebí, que alquilan las viviendas a precios muy bajos por sus nefastas condiciones. Lo explica el presidente de la Asociación de Vecinos de San Antón, Daniel Rubio, abogado de 32 años que lleva desde 2004 involucrado en esta lucha contrarreloj. No siempre ha sido fácil, pero Daniel piensa que antes de que acabe 2010 las máquinas comenzarán a escucharse en el barrio. “Se acercan las elecciones y está claro que los discursos de los distintos partidos políticos nos van a afectar, pero tengo confianza en que a pesar de todo, las obras van a comenzar este año porque lo tenemos ya todo, la financiación, los trámites administrativos y las nuevas viviendas adjudicadas”, afirma mientras saluda a cada vecino que se cruza.