Elisabeth Venable luce piel blanca, melena rubia y ojos claros. ¿Alguna duda sobre su origen? Nació y se hizo mayor en Arizona. Vive en Los Ángeles,pero ha regresado a Phoenix para apoyar a los que están en contra de la ley de inmigración dictada por la gobernadora del estado.

“Crecí aquí – explica-,en medio de una comunidad de inmigrantes y no veo la diferencia entre mi familia y ellos. Todos tenemos los mismos derechos”.

A escasos dos pasos está Susana Sehwarth. Su cabellera es negra, su rostro moreno. Su apariencia tampoco deja duda alguna sobre su origen. Grita a favor de endurecer las normas contra los inmigrantes indocumentados.

“La gente que quiebra la ley de inmigración – proclama-quiebra otras leyes. Si yo quiebro una ley, saben quién ha sido. Si lo hacen ellos, se escapan, se esconden, desaparecen. Esto es malo para mí. Hay 20 millones de ilegales en este país”.

Son dos testimonios recogidos entre las personas que se han concentrado este jueves ante el edificio del Tribunal Supremo de Phoenix, capital de Arizona. Día clave. La semana pasada, la juez Susan Bolton vio el primer recurso contra la ley que, en principio, ha de entrar en vigor el próximo día 29, una normativa que ha sido calificada de racista y discriminatoria por los hispanos.

El principal argumento de los que defienden la ley es la supuesta inseguridad que crea la permeable frontera mexicana. La delincuencia, sin embargo, ha bajado, según las estadísticas,

Para unos, la ley SB1070 es inconstitucional, para otros no. Unos creen que es un grave peligro que entre en vigor, y por eso solicitan su paralización. Otros apoyan su inmediata utilidad. Hasta el interior del edificio judicial, ubicado en la avenida Washington, llega el sonido ambiente del exterior, que recuerda esas dos posturas, mientras argumentan los abogados de las diferentes organizaciones en defensa de los derechos civiles y humanos.

“La ley introduce diferencias por el color de la piel, por los rasgos étnicos”, subraya una abogada. Estos colectivos – entre ellos el American Civil Right, de mucho peso-denuncian que la norma da amplios poderes a la policía para actuar “a la más mínima sospecha” de que un ciudadano, por su aspecto, carece de papeles. Si los tiene pero no los lleva encima también puede ser detenido e interrogado.

Ayer por la tarde los representantes legales de la Administración Obama defendieron su oposición a la ley con el argumento de que Arizona ha invadido un terreno jurídico que no le corresponde.

Hay temor a que otros estados copien esta iniciativa, al rebufo de una opinión pública que, en un 60%, apoya leyes más duras contra la inmigración irregular.

Elisabeth apoya el paso dado en Washington. “Es el mismo pastel y no puede haber más que un cocinero”, afirma. Dos señoras, igual de blancas que ella, emergen en la escena. “¿Boicot a Arizona? ¿Boicot a Obama?”, se lee en uno de sus carteles. No quieren identificarse.

- Se les deja pasar y se apropian de los recursos, de las escuelas, de la sanidad…

- Hay tráfico de personas y esto es inhumano. Esta ley no inventa nada, sino que aplica la federal.

Que se lo pregunten a los muchos vecinos de Phoenix allí concentrados que en ningún momento esconden de dónde llegaron. Y cómo han trabajado por la riqueza de este estado, “que nos quiere criminalizar”, reitera un portavoz de la asociación Puente Arizona. “Ahora que hay crisis – señala-,tratan de hacernos la vida imposible para que nos vayamos”.

Hoy ha habido procesión, como tantas otras que se han organizado desde el pasado abril, cuando se firmó la ley. Una niña ha participado con una pancarta: “Marrón y orgullosa”.

La mitad de las deportaciones son de Arizona

Los datos hablan por sí solos, dicen los colectivos hispanos, de la actitud del estado de Arizona contra ellos. La cosa viene de lejos, y la frontera se comprime o se ensancha en función del termómetro económico. Ahora toca cerrar la valla. Sin embargo, grupos como Puente Arizona disponen de información que demuestra la dureza de este estado al margen de la nueva ley. De las algo más de mil deportaciones que se llevan a cabo en todo el país, prácticamente la mitad corresponden a Arizona.