Bilbao. La inmigración se ha convertido en la prioridad número uno de los votantes latinos en Estados Unidos. Hace apenas tres meses, la economía ocupaba el primer lugar de la lista, sin embargo, el debate surgido a raíz de la SB 1070, más conocida como ley antiinmigrante de Arizona, ha colocado la inmigración en el centro de la actualidad política nacional. La ley debería entrar el vigor el 29 de julio si la justicia decide no bloquearla, tal y como pretende el Gobierno de Barack Obama.

La jueza Susan Bolton ha comenzado a analizar la demanda presentada por el departamento de Justicia contra la SB 1070. Ayer era un día clave para defensores y detractores de ley de Arizona. Bolton escuchó los argumentos de unos y otros y deberá tomar una decisión antes del próximo jueves. En su demanda, el Ejecutivo argumenta que esta norma usurpa competencias federales en materia migratoria. Obama defiende que la política de inmigración es competencia exclusiva del Gobierno federal y, por tanto, las legislaciones locales o estatales no pueden prevalecer sobre los códigos federales ni sobre la Constitución.

El Gobierno solicita a la jueza que suspenda su entrada en vigor hasta que finalicen los trámites judiciales, por considerar que puede causar daños irreparables. La demanda gubernamental se suma así a otras seis acciones legales ya presentadas por particulares y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, que consideran esta ley discriminatoria, al obligar a las autoridades policiales estatales y locales a investigar la condición migratoria de cualquier persona de quien sospechen que se encuentra en situación irregular. Para los defensores de los derechos civiles, esta norma puede alentar el racismo porque las autoridades “se guiarán por el color de la piel o el acento” para solicitar los documentos de residencia a una persona. Algunos han llegado a alertar, incluso, del riesgo de que se dé una “caza de hispanos”.

En el otro lado de la balanza están, por su parte, los estados con altos índices de inmigración, cansados de la “inactividad” del Gobierno federal en la materia. Los inmigrantes enfrentaron esta ley con una feroz crítica, pero agradecieron que sacara del olvido la ansiada reforma migratoria, promesa electoral de Obama. Sin embargo, los últimos meses han sido devastadores. La reforma se ha alejado del Congreso, mientras que crece el apoyo a leyes como la de Arizona. La demanda del presidente preocupa a varios gobernadores que el próximo noviembre esperan ser reelegidos, mientras que recientes encuestas muestran que el 60% de la población estadounidense está de acuerdo con esta iniciativa. Y la opinión pública cuenta mucho, especialmente cuando se acerca un periodo electoral. Ante este panorama, un debate en el Congreso sobre la reforma migratoria está cada vez más lejos.

Elecciones Según publicó The New York Times, en un reciente cónclave demócrata, varios gobernadores manifestaron su preocupación por la demanda de Obama. Por ejemplo, Phil Bredesen, de Tennessee, señaló que el debate se ha convertido en un “asunto tóxico” en una época particularmente complicada para los candidatos demócratas. Esta polémica pone en una disyuntiva al partido de Obama que, por una parte podría perder votos entre los ciudadanos favorables a un endurecimiento de las leyes migratorias, y, por otra, entre los latinos, otra importante fuente de votos.

De hecho, según varios analistas, la cercanía de las elecciones de noviembre sería una de las razones por las que la gobernadora de Arizona, Jean Brewer, impulsó esta ley, muy popular entre una ciudadanía cansada de que el Gobierno federal no actúe en materia de inmigración. Y todo parece indicar que le está funcionando. Un sondeo realizado esta semana por la firma Behavior Research Center ha revelado que Brewer cuenta con el 57% de apoyo de los electores republicanos e independientes que planean votar en la elección primaria republicana del 25 de agosto.

Seguridad fronteriza Entre los argumentos de la gobernadoras para promover la SB 1070 está también la necesidad de reforzar la frontera. Ha llegado, incluso, a vincular a los inmigrantes indocumentados con un supuesto aumento de la violencia en el estado, aunque las estadísticas no son claras en este punto – datos del FBI revelan que los delitos violentos han disminuido un 15% en Arizona desde 2006 – . Cierto o no, la realidad es que la violencia que sufre México preocupa tanto a los estados fronterizos como al gobierno, que a partir de agosto va a desplegar a unos 1.200 soldados de la Guardia Nacional a la frontera sur en un esfuerzo “sin precedentes” para combatir el contrabando de armas y dinero, así como el tráfico de personas.