Vitoria. El cierre del servicio de atención Heldu el pasado 15 de julio ha traído consigo el desamparo jurídico de un amplio colectivo de inmigrantes. La citada organización llevaba trabajando desde 2002 ofreciendo asesoramiento jurídico especializado a extranjeros a fin de poder regularizar su situación para facilitarle así el acceso al mercado laboral y evitar situaciones de dependencia de los servicios sociales. Por ello, las reacciones de los diferentes partidos políticos no se han hecho esperar y cada día son más los que piden la reapertura del servicio. En ese contexto, la última formación en aparecer en escena ha sido el PNV gasteiztarra. En concreto, la concejal Nerea Melgosa anunció ayer que los jeltzales propondrán en el Pleno municipal del próximo día 30 que el Ejecutivo autonómico reconsidere su decisión y abra un periodo de reflexión hasta contar con el III Plan Vasco de Inmigración.

Según el PNV, si se sigue con la decisión en firme del Ejecutivo vasco, se provocará una mayor dependencia del colectivo de inmigrantes respecto a los servicios sociales. Ésta se hará crónica y se dificultará la integración laboral de estas personas, lo que supondrá según Melgosa dejar en una profunda desatención a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Las quejas nacionalistas no son las primeras. Se suman a otras tantas que comenzaron a principios de mes cuando el Gobierno Vasco tomó la decisión de cerrar Heldu. Sin embargo, las protestas aumentaron la semana pasada cuando Gemma Zabaleta, consejera de Empleo y Asuntos Sociales, explicó que el programa no desaparece sino que se modifica la manera de gestionarlo debido a que el contrato con la empresa que prestaba hasta ahora el servicio, ha finalizado y no se va a renovar.

Estas argumentaciones no fueron bien acogidas entre los trabajadores de la organización, ya que la nueva medida ha supuesto el despido de 23 empleados de las oficinas de Vitoria, Bilbao y Donostia, entre los que se encuentran abogados y personal administrativo. También se ha paralizado la tramitación de 34.000 expedientes de asesoramiento jurídico. Todo ello derivó en una manifestación que recorrió Bilbao el día 16.

Entre las críticas políticas al cierre, Aralar mostró todo su apoyo a los trabajadores y reconoció el trabajo que durante ocho años han realizado con los foráneos más necesitados. Desde UPyD se pidió que Lakua asumiera íntegramente las labores que realizaba esta organización. Además, EB subrayó que la desaparición provocará que los extranjeros estén indefensos ante la sociedad.