La brutal agresión sufrida por cuatro trabajadores de origen senegalés a cargo de seis jóvenes, dos menores, en el polígono industrial de la localidad alavesa de Lantarón no puede despacharse como un caso cualquiera, ni pierde un ápice de su gravedad por su aparente consideración de hecho aislado. El ataque vino precedido por semanas de hostigamiento hacia los empleados africanos por parte, al menos, del instigador de la paliza, compañero de trabajo de sus víctimas y despedido unas horas antes. La solidaridad de la empresa con los senegaleses y la unánime condena de la agresión por parte de instituciones, partidos y colectivos sociales muestra a una sociedad capaz de reaccionar ante el aviso que envía el episodio de Lantarón. Pero resulta necesario preguntarse si Euskadi, que en un pasado no tan lejano envió fuera de sus fronteras a miles de sus trabajadores, está preparada para ser ahora verdadera tierra de acogida para ese 6% de personas nacidas en el extranjero que ya viven entre nosotros. Y para integrar en 20 años a 500.000 más que contribuyan a consolidar el crecimiento, como anticipó ayer el lehendakari. El Observatorio vasco de Inmigración alerta de que la crisis provoca una creciente percepción de los foráneos como competencia en el trabajo o la asistencia sanitaria y social. Un desafío al que responsables políticos y administraciones han de responder con previsión y pedagogía y desde una expresa renuncia a la demagogia populista.