La gestión del servicio de orientación jurídica para inmigrantes sin papeles, Heldu, va camino de desatar un conflicto en el seno de Eudel. La decisión adoptada por la consejería de Empleo y Asunto Sociales de cerrar sus oficinas de las tres capitales de Euskadi provocó ayer un agrio enfrentamiento entre el presidente de la Asociación de Municipios Vascos, Jokin Bildarratz, y los alcaldes socialistas de la Ejecutiva.

El primero en disparar fue el propio Bildarratz, también alcalde jeltzale de Tolosa, quien censuró el cierre de Heldu en nombre de todo el colectivo de Eudel. Según afirmó, su asociación no comparte ni «el fondo ni las formas» de la medida emprendida por el Gobierno vasco, alegando que tendrán que ser los trabajadores de los servicios de base de los ayuntamientos los que tengan que asumir la labor hasta ahora prestada por Lakua.

También añadió que la Ejecutiva de Eudel había aprobado un acuerdo para instar al departamento que dirige Zabaleta a mantener abierto el servicio ya que «un teléfono y que los servicios de base tengan que asistir a esas personas no va a ser la solución». «Aunque quizá termine como todo y acabemos nosotros dando ese servicio», se quejó con cierta irónico.

Bildarratz encontró una rápida respuesta de los alcaldes socialistas de Eudel, quienes sí mostraron su respaldo a la «reorganización» llevada a cabo en Heldu y desautorizaron a su presidente negando la adopción de acuerdos en relación al cierre del servicio. «No se ha tomado ninguna posición oficial al respecto», sentenciaron.

Los representantes del PSE rechazaron además que se vaya a retirar el servicios de orientación a los inmigrantes y consideraron que la decisión «forma parte de la propia autonomía institucional» del Gobierno vasco. A su vez, aseguraron que la decisión no repercutirá para nada en la carga de trabajo y competencia de los ayuntamientos.

Precisamente Bildarratz se quejó ayer de la asunción por parte de los consistorios de competencias que corresponden a otras instituciones, como por ejemplo los servicios sociales de base, que están costando a los integrantes de Eudel 552 millones de euros anuales.

En este sentido, el presidente de Eudel se quejó de que el 70% de los ayuntamientos han agotado las partidas para ayudas de emergencia social financiadas por el Gobierno vasco ya en el primer trimestre del año. Esto se convirtió en otro argumento de peso de cara a conseguir la ansiada Ley Municipal, que permitiría, entre otras cosas, clarificar competencias para los ayuntamientos.