El hecho de que el presidente del Tribunal Superior del País Vasco, Eudel, colegios de abogados y una larga lista de organizaciones, partidos y sindicatos hayan mostrado su preocupación por el cierre del servicio jurídico Heldu sitúa al Gobierno vasco ante un reto comprometido: el de seguir ofreciendo a los inmigrantes irregulares la misma calidad de asesoramiento gratuito que venían recibiendo hasta ahora sobre cuestiones tan básicas cuando llegan a Euskadi como el empadronamiento o la consecución de papeles y trabajo. La supresión de Heldu, que ha tramitado casi 34.000 expedientes desde su creación en 2002 y deja pendientes otros 1.600 asuntos, se enmarca en una remodelación de la política de subvenciones. Pero el propósito declarado de traspasar la responsabilidad de la atención de los extranjeros indocumentados a los ayuntamientos y ONG especializadas – instancias ambas ya desbordadas en una crisis económica como la actual – sólo añade motivos de intranquilidad que sumar a la atrevida decisión de prescindir del caudal de experiencia y especialización que había acumulado el organismo en los últimos ocho años. La necesidad de solucionar aparentes irregularidades en la contratación de la empresa que gestionaba el servicio no basta para explicar un cambio de modelo que ahora deberá acreditar su idoneidad para acoger a uno de los colectivos más vulnerables.