El presidente del Tribunal Superior del País Vasco, Juan Luis Ibarra, expresó ayer su «preocupación» ante el cierre por el Gobierno vasco del servicio de orientación jurídica para los inmigrantes, Heldu, cuyos 23 empleados echarán hoy la persiana en las oficinas de las tres capitales vascas. Ibarra, que respaldó la creación de ese organismo en 2002, cuando era magistrado de la Sala de lo Contencioso, aseguró que la atención prestada por Heldu a los extranjeros, en una primera fase como indocumentados y luego en situación regular, se ha caracterizado por «una alta cualificación técnica». Desde su punto de vista, sus miembros han desarrollado una labor «especializada» que «no se ofrece desde los servicios ordinarios de asistencia jurídica gratuita».

Precisamente, esos servicios ordinarios son una de las alternativas que el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales ha ofrecido a los inmigrantes, con el argumento de que estos deben acceder a los mismos servicios públicos que los demás ciudadanos. Tal decisión ha sido desaprobada por la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), pues sus trabajadores sociales están saturados de trabajo; y también ha recibido un aluvión de críticas de otras organizaciones, entre las que figuran los colegios de abogados de Álava y Guipúzcoa, la coordinadora de grupos de apoyo a los inmigrantes (Harresiak Apurtuz), Cáritas, SOS Racismo, CC OO, ELA, LAB, PNV, Aralar, ANV y Medicus Mundi. El Ararteko ha abierto un expediente de oficio sobre el caso y está a la espera de que la consejería de Gemma Zabaleta responda a su petición de información.

Juan Luis Ibarra hizo votos ayer para que los cambios introducidos por el Ejecutivo autónomo redunden en «la integración económica y social de los emigrantes extranjeros». No obstante, prosiguió, «no puedo dejar de preocuparme si, según parece, para ese nuevo servicio no se fuera a contar con la experiencia y la excelencia de los profesionales de Heldu, ni con el importantísimo acervo documental que han acumulado en sus archivos».

«Duplicidades»

Heldu ha tramitado desde su creación más de 33.000 expedientes, de los cuales 1.600 están abiertos y serán resueltos directamente por el Departamento de Asuntos Sociales. Su clausura ha sido justificada con varios argumentos: para evitar «duplicidades», porque no encaja en la Ley de Servicios Sociales, porque ha expirado el contrato con la sociedad que la gestiona (Estudios y Proyectos Jurídicos) y porque esa empresa «vulnera» los criterios de contratación de la Administración.

Los usuarios de Heldu tienen la opción ahora de recurrir al Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) o pedir ayuda a ayuntamientos y ONG, los cuales pueden resolver a su vez sus dudas a través de teléfono (900 84 01 26), de un correo electrónico (immigrazioa – asesoria@ej – gv.es) y del programa Biltzen para promover la multiculturalidad.

El presidente del Tribunal Superior dejó claro que «no me corresponde valorar» los cambios introducidos por la consejería de Gemma Zabaleta. No obstante, advirtió de que el asesoramiento jurídico «especializado» en materia de Inmigración es «una prestación de enorme utilidad» en tiempos de crisis económica, «también para la Administración de Justicia». Según explicó Ibarra, Heldu ha ayudado a los extranjeros a recorrer «el complejo camino» desde la autorización administrativa de estancia hasta la de residencia de larga duración, la reagrupación familiar y la obtención de la nacionalidad.

El magistrado, que entre 2003 y mayo pasado presidió la Sala de lo Contencioso – la jurisdicción que entiende de los pleitos de Extranjería – , explicó que Heldu se dirigía esencialmente a trabajadores con «un serio proyecto migratorio», un colectivo para el cual «resulta crucial la buena información normativa y el saberse manejar en un mundo administrativo, de Seguridad Social y a veces de asistencia social y policial francamente complejo».

«A mi juicio – continuó – , y por la opinión que conozco de muchos jueces del País Vasco, la labor de Heldu ha respondido muy bien a la finalidad de la Ley Orgánica de Extranjería de establecer cauces jurídicos para la integración social de los inmigrantes».