La Asamblea Nacional francesa aprobó ayer por 335 votos a favor y uno en contra un proyecto de ley para prohibir la burka islámica en todos los espacios públicos del país. Para convertirse en ley debe ser ratificado por el Senado en septiembre.

El único voto en contra fue del diputado Daniel Garrigue que advirtió sobre el riesgo de “deslizarse hacia una sociedad totalitaria”.

La propuesta del gobierno de Nicolas Sarkozy prevé multas equivalentes a 190 dólares y clases de ciudadanía para quienes vistan prendas que cubran el rostro en calles, sitios o servicios públicos de Francia, y con un año de cárcel y multas equivalentes a 38.000 dólares para los hombres que obliguen a mujeres a cubrir su rostro.

Francia quedó en camino a convertirse en el primer país europeo que prohíbe el velo integral islámico en la vía pública. Bélgica aprobó en abril el veto a todas las prendas que cubran el rostro de forma total o parcial. Varias localidades españolas han prohibido velos integrales en edificios públicos. En Italia una coalición aliada al primer ministro Silvio Berlusconi, presiona en favor de una ley que prohíba estas prendas.

Críticos advierten que la ley avivará la tensión social y diputados opositores indicaron que podría ser rechazada por el Consejo Constitucional francés o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Consejo de Estado, máximo órgano administrativo francés señaló su temor de que se violen normas locales y europeas y sugirió una prohibición parcial de la burka en servicios y sitios públicos.

La propuesta también ha dividido a grupos defensores de los derechos humanos y de las mujeres. Sus promotores afirman que la burka es una imposición de los integristas islámicos a sus mujeres y creen que la prohibición ayudará a defender la igualdad de género.

John Dalhuisen, experto en discriminación de Amnistía Internacional, asegura que una prohibición completa “viola los derechos a la libertad de expresión y religión de las mujeres que visten burka o niqab”.

Sus críticos creen que leyes semejantes discriminan a los musulmanes y crean un clima de sospecha y hostilidad hacia las comunidades inmigrantes.

En Francia, con la mayor comunidad musulmana de Europa (unos cinco millones), la medida causa polémica y roza temas sensibles de la sociedad.