La Policía Nacional ha desarticulado en Barcelona un grupo organizado dedicado presuntamente a falsificar certificados de empadronamiento desde hace más de un año. Algunos de los falsos documentos simulaban haberse expedido en Murcia. El número de detenidos asciende de momento a 26.

El grupo facilitaba a sus clientes la documentación necesaria para regularizar su situación en el país demostrando arraigo social. Los clientes pagaban entre 2.000 y 5.000 euros por cada certificado municipal de empadronamiento.

En total, los investigadores han intervenido 23 certificados falsos de empadronamiento de diferentes ayuntamientos y un certificado falso de asistencia médica de urgencia en el Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona.

Los documentos falsos simulaban haberse expedido en los ayuntamientos de Olula del Río (Almería), Arona (Tenerife), Pilar de la Horadada (Alicante), Candelaria (Tenerife), Benidorm (Alicante), Murcia, Madrid, Figueres (Girona), Illescas (Toledo), Palamós (Girona), Guadassuar (Valencia), Torrevieja (Alicante) y Huesca.

La investigación empezó en marzo al detectar irregularidades en algunos documentos aportados por extranjeros, la mayoría de origen paquistaní, para acreditar que llevaban viviendo en España el tiempo exigido por la legislación para poder ser regularizados, así como faltas de asistencias médicas en servicios de urgencias en diversos centros hospitalarios.

A la búsqueda de clientes

Tras revisar los archivos de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, se pudieron verificar las irregularidades existentes en numerosos certificados de empadronamiento presentados por diferentes colectivos, comprobándose con los ayuntamientos la falsesad de dicho documento. Fue entonces cuando se procedió a la detención de los portadores de los certificados, al considerárseles cooperadores necesarios del delito de falsificación de documento público.

Los hechos investigados, según la Policía Nacional, han requerido los servicios de una red organizada que cuenta con los medios técnicos necesarios para proporcionar este tipo de documento, a la vez que disponen de la estructura adecuada, plasmada en una división de funciones y competencias para, primero, buscar clientes y después recaudar el dinero.

Los detenidos tenían conocimientos específicos de informática y disponían de material sofisticado. A los cabecillas del entramado se les intervino abundante documentación incriminatoria.

Según la Policía Nacional, las funciones de confección y posterior venta de los documentos eran desarrolladas por dos ciudadanos de origen pakistaní, mientras que otros de diferentes nacionalidades se dedicaban a la captación de posibles clientes, «aprovechándose de la necesidad que tienen algunos ciudadanos extranjeros de regularizar su situación administrativa», según la policía.

Los principales cabecillas de la trama, podrían haber llegado a obtener hasta 300.000 euros con este negocio, según informó ayer un portavoz del Cuerpo.

Los máximos responsables de esta red fueron detenidos en Barcelona y se les ocuparon fotocopias de empadronamientos en blanco de diferentes localidades, pasaportes y expedientes de regulación de extranjeros, entre otra documentación.

Los sospechosos han sido puestos a disposición del juzgado de guardia de Barcelona, acusados de falsificación de documentos. La operación sigue abierta, por lo que no se descarta que puedan ser intervenidos más papeles falsos o que haya nuevas detenciones.