Abogados de gipuzkoa temen el desamparo de inmigrantes
El Colegio de letrados alerta de que el cierre de Heldu paralizará miles de informes
Diario de noticias de Gipuzkoa, , 10-07-2010donostia. El Colegio de Abogados de Gipuzkoa asegura que el cierre del servicio de atención jurídico – social a inmigrantes Heldu paralizará más de 30.000 expedientes en la Comunidad Autónoma, lo que dejará en una situación de “desamparo jurídico masivo” a un número igual de personas.
Este órgano advierte en un comunicado de que cada vez son más los inmigrantes en situación irregular o de exclusión social que recurren a Heldu y añadió que el Gobierno Vasco debería tener en cuenta “el apremio de ofrecer un servicio de calidad”.
“Una vez más, el más débil, en este caso el inmigrante sin recursos, es el auténtico perjudicado”, afirma el Colegio de Abogados, que expresa su "total desacuerdo por el cierre de las tres delegaciones de Heldu en las capitales vascas, previsto para el jueves que viene.
Los letrados recalcan que una sociedad como la vasca, “considerada avanzada y en constante desarrollo”, no debe permitir “ningún tipo de exclusión social, sea cual sea el colectivo afectado”.
reacción del Gobierno vasco Tras la catarata de reacciones airadas que ha cosechado la decisión del Gobierno Vasco de suprimir el servicio de atención a inmigrantes , Lakua envió ayer una nota en la que comunica que el lunes ofrecerá una comparecencia para explicar el nuevo modelo previsto para la atención y asesoramiento jurídico a las personas inmigrantes .
Este nuevo sistema de atención deberá convencer a la veintena de organizaciones sociales, como Cáritas o Sos Racismo, que suscribieron hace unos días un escrito de denuncia por la supresión de este servicio.
Todas ellas resaltan la necesidad de llevar a cabo una atención especializada a la ciudadanía inmigrante en situación administrativa irregular.
La mayor parte de expedientes que, por el momento, se han quedado sin solución a la espera de que se reorganice el servicio guarda relación con reclamaciones relativas al arraigo social, que se solicita tras acreditar tres años de residencia y un contrato en firme. Unos requisitos de por sí complicados a los que se suma un nuevo interrogante.
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