Más de un centenar de familiares y amigos despidieron ayer en una capilla ardiente instalada en un polideportivo a las 12 personas que fallecieron arrolladas por un tren la noche de San Juan en Castelldefels. Hasta ahora habían permanecido en el tanatorio de Gavà, pero las pequeñas dimensiones del edificio impedían instalar allí la capilla ardiente.

Los amigos del boliviano Diego Gutiérrez, uno de los fallecidos, se abrazaron al féretro. Llevaban una camiseta con su fotografía. Los padres, Pablo y Mery, acariciaron el ataúd de su hijo, de solo 16 años, mientras los consolaba personal de la Cruz Roja. “Solo una madre entiende el dolor de perder un hijo”, dijo entre llantos Mery. El grupo de amigos colocó sobre el féretro la bandera roja, verde y amarilla de Bolivia.

Ayer, por primera vez desde el 23 de junio, las familias de los fallecidos pudieron acercarse a los cuerpos de sus seres queridos. “Un paso importante para empezar a aceptar la pérdida”, explicaba una de las psicólogas que han acompañando estos días a los familiares. Por orden judicial, los restos no podrán ser incinerados. Todas las familias, salvo la de un boliviano fallecido en el accidente, que será enterrado en Cataluña, han decidido enviar los restos mortales a sus países. Siete de las víctimas eran de nacionalidad ecuatoriana, dos de Bolivia, dos de Colombia y una de Rumanía.

Los teléfonos móviles no paraban de sonar ayer en la capilla ardiente. Eran llamadas desde el otro lado del Atlántico tratando de saber qué pasaba con los seres queridos. “Lo tengo en una caja, el padre de mis hijas está en una caja”, le dice a un familiar Paola Pérez, esposa de Mauricio Osorio. El miércoles viajará a Neiva (Colombia). Allí le espera la difícil tarea de explicarle a sus dos pequeñas que, cuando vengan a vivir a España, gracias a la reagrupación familiar, su padre no estará con ellas.

Los gobiernos de Ecuador y Bolivia pagarán los gastos de repatriación de los cadáveres de sus nacionales. Mientras, la familia de Jorge E. Serrano, colombiano, trataba de reunir los 6.000 euros que vale el proceso. El Gobierno colombiano, que ha acompañado a las víctimas en las gestiones, no tiene partidas presupuestarias para este tipo de incidentes.