La fila de los 12 ataúdes negros dominaba la escena del polideportivo Can Vinarder, en Castelldefels (Baix Llobregat). La calma aparente la rompió la irrupción de Pablo y Mery, los padres del boliviano Diego Gutiérrez, una de las víctimas mortales del atropello ferroviario que se produjo la noche de Sant Joan en el apeadero de Castelldefels cuando un numeroso grupo de personas cruzó las vías y fue arrollado por un tren rápido que se dirigía a Barcelona. Ante la mirada perdida de los amigos de Diego, que ayer acudieron a la capilla ardiente vistiendo una camiseta blanca con su foto impresa, se abrazaron al féretro. El dolor se volvió grito.

Tras unos minutos, el abrazo se rompió. Los padres comenzaron a acariciar con mimo las aristas del féretro de su hijo. Con su gesto parecían querer encontrar en la dureza de la madera la suavidad de la piel del hijo de 16 años. El personal de la Cruz Roja se acercaba y los consolaba. “Solo una madre entiende el dolor de perder un hijo”, dijo entre llantos Mery. El grupo de amigos del joven, alguno de los cuales estaba con él la noche de accidente, sacó la bandera roja, verde y amarilla de Bolivia y la puso sobre el ataúd.

Ayer, por primera vez desde el pasado 23 de junio, las familias de los fallecidos pudieron acercarse a los cuerpos de sus seres queridos, que hasta entonces habían estado en los depósitos judiciales. “Un paso importante para empezar a aceptar la pérdida”, explicaba una de las psicólogas que han acompañando estos días a los familiares. Lo que sigue es el proceso de repatriación de los cuerpos tras los sepelios en tierra española. Por orden judicial, los restos de los 12 fallecidos no podrán ser incinerados. Se trata de siete ecuatorianos, dos bolivianos, dos colombianos y una rumana.

Los teléfonos móviles no paraban de sonar. Llamadas desde el otro lado del Atlántico tratando de saber qué pasaba con los seres queridos. “Lo tengo en una caja, el padre de mis hijas está en una caja”, le dice a un familiar Paola Pérez, esposa de Mauricio Osorio. El miércoles viajará a Neiva (Colombia). Allí le espera la difícil tarea de explicarle a sus dos pequeñas que, cuando vengan a vivir a España, gracias a la reagrupación familiar, su padre no estará.

Los Gobiernos de Ecuador y Bolivia pagarán los gastos de repatriación de los cadáveres de sus nacionales.

Mientras, la familia de Jorge E. Serrano, colombiano, trataba de juntar los 6.000 euros que vale el proceso. La colonia colombiana ha repartido huchas por bares y locales frecuentados por sus compatriotas para recaudar el dinero necesario para la repatriación de los dos cuerpos de sus connacionales. El Gobierno colombiano, que ha acompañado a las víctimas en las gestiones legales, no dispone de partidas presupuestarias para este tipo de incidentes.