El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, firmó ayer el decreto que impide entrar en los equipamientos municipales con el burka o cualquier otro accesorio que mantenga cubierta la cara.

Según el ayuntamiento de la capital catalana, el decreto limita la entrada en los equipamientos municipales a las “personas cubiertas con accesorios o vestuario que impidan su identificación”, con la finalidad de contribuir a garantizar la seguridad en las instalaciones y servicios públicos municipales y asegurar un uso adecuado y respetuoso con los derechos de todos los usuarios

El decreto expone que el uso adecuado de los servicios y los derechos de los diferentes usuarios pueden resultar “negativamente afectados” cuando las personas que hacen uso de las instalaciones y servicios municipales pretenden acceder y disfrutar con la cara cubierta.

Por ello, insta a las instalaciones y servicios públicos municipales a adecuar sus reglamentos y normas de funcionamiento para limitar la entrada de personas cubiertas con accesorios o vestuario que impidan su identificación.

El consistorio adoptó esta medida el mismo día en que se conoció que la Asociación Watani para la Libertad y la Justicia de Lleida, también en Cataluña, presentará diversas alegaciones contra la ordenanza municipal que regula el uso del velos integrales en edificios municipales, entre ellas sanciones de hasta 600 euros.

También en relación con el burka y el niqab, el Gobierno balear aseguró ayer que no ha abordado nunca su regulación en la comunidad, ni la posibilidad de prohibirlo en los edificios municipales, tal y como han hecho algunos ayuntamientos de las islas, dado que se trata de una materia sobre la que “no se ha detectado ningún tipo de conflictividad” en Baleares.

Así lo reveló la portavoz del Ejecutivo autonómico, Joana Barceló, tras informar sobre los acuerdos aprobados en el Consell de Gobierno.

Precisamente, el Senado aprobó el pasado miércoles una moción de Convergència y Unió con los votos a favor del Partido Popular y la abstención del PSOE, mediante la que se instaba al Gobierno central a solicitar al Consejo de Estado un estudio acerca de la utilización del velo integral en el marco del ordenamiento jurídico vigente.

Además, reclamaba al Ejecutivo que sensibilice a las mujeres musulmanas sobre sus derechos, así como a sus familiares y comunidades, y las anime a participar en la vida pública y profesional.