La decisión del Gobierno estadounidense de recurrir la ley migratoria SB-1070 ha sentado en Arizona como un jarro de agua fría (aunque, con 43 grados a la sombra, quizá el símil no sea el más acertado). La Administración Obama, a través del Departamento de Justicia, interpuso una denuncia contra la ley estatal alegando su presunta inconstitucionalidad. Una corte federal debería aplazar de manera precautoria su entrada en vigor, prevista para el 29 de este mes.
La ley, que permite a las policías locales interrogar y detener a cualquier sospechoso de encontrarse en el Estado de manera irregular, «entra en conflicto con las prioridades y objetivos del Gobierno federal en materia migratoria», «desvía los recursos contra los inmigrantes peligrosos que son el principal objetivo del Gobierno» y «amenaza con desencadenar un enjambre de políticas migratorias locales y federales a lo largo y ancho del país», lo cual está prohibido por la Constitución, detalla el recurso.
La gobernadora republicana Jan Brewer calificó ayer esta medida como una «decisión terriblemente mala. Es un error que nuestro Gobierno denuncie al pueblo de Arizona por ayudarle a poner en práctica la ley migratoria federal. Como resultado directo de los fallidos e inconsistentes esfuerzos federales, Arizona es atacada por violentos cárteles mexicanos y traficantes de personas. Ahora, Arizona es también atacada por el presidente Obama en lo que no es más que un masivo desperdicio de fondos de los contribuyentes, que podrían ser utilizados contra los violentos cárteles mexicanos mejor que contra la gente de Arizona. Seremos muy agresivos en defender nuestra ley», aseguró en un comunicado distribuido en la red social Twitter.
La denuncia del Ejecutivo se suma a otras cinco demandas interpuestas anteriormente por algunas alcaldías, organizaciones de derechos civiles y asociaciones de inmigrantes . Arizona, que comparte más de 600 kilómetros de frontera con México, es el estado con mayor crecimiento demográfico de EE.UU. (así como su capital, Phoenix, también es la primera ciudad del país en esa misma clasificación). Una quinta parte de su población es de origen mexicano; muchos de ellos, ilegales.
El fiscal federal en el Estado, Dennis Burke, reconoce que «la frustración (de Arizona) es legítima, pero eso no legitima la ley. No hay duda de que la ley es infundada, impracticable y, por encima de todo, inconstitucional».
Sin embargo, y salvo excepciones, los políticos locales están que trinan. El senador republicano Russell Pearce, promotor de la SB-1070, califica la demanda federal como «claramente insultante. Es escandaloso: Washington se dedica a impedir la aplicación de nuestras leyes mientras permanece de brazos cruzados».
El representante republicano John Kavanagh, copatrocinador de la ley, sostiene que «no estamos asumiendo poderes constitucionales o federales, sino los poderes que la Administración Obama no asume adecuadamente de la legislación migratoria. Esta no es una disputa legal, sino política. Si yo fuera Obama, con una economía empobrecida, estímulos fallidos y una fuga de petróleo en el Golfo, tambien buscaría distraer la atención con una denuncia frívola».
La defensa de la ley
Aunque parte de los legisladores demócratas locales alabaron la decisión del Departamento de Justicia, hubo espacio para algunas discrepancias. Mientras la diputada Kyrsten Sinema señalaba que esta querella aclarará los límites entre la autoridad estatal y la federal, su colega Harry Mitchell lamentó en un comunicado que el Gobierno tomara el camino erróneo para resolver el problema migratorio, «pues creo que los esfuerzos y los recursos deben dirigirse a la seguridad de nuestras fronteras y la solución de nuestro fallido sistema migratorio».
Esta batalla legal sin duda ha de tener consecuencias en las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre, y será determinante para que los demócratas retengan o pierdan la mayoría en el Congreso.
La defensa estatal de la ley, cuya primera vista debería celebrarse la próxima semana, estará a cargo de un bufete privado de Phoenix, después de que el fiscal general, Terry Goddard, decidiera apartarse el pasado mes del equipo legal que representaba a Arizona en diversas demandas locales. La resolución de la corte será decisiva para el futuro de leyes similares que ya están siendo promovidas en al menos una docena de estados de la Unión.

Phoenix, un oasis en el desierto
En pleno desierto, Phoenix surge como una ciudad grande, ardiente (41 grados de máxima y 27 de mínima en verano), reseca, populosa (cinco millones de habitantes), cosmopolita, en constante crecimiento (50.000 viviendas nuevas al año) y bilingüe. En su nuevo y eficaz tranvía, que recorre el «downtown», los paneles anunciadores, las máquinas expendedoras de billetes y los avisos acústicos se repiten en inglés y español. Sin embargo, en la cartería del aeropuerto se suma un tercer idioma, el alemán, lengua materna de casi un 1% de la población. Arizona fue el último territorio continental (excepto Alaska) en convertirse en un Estado de la Unión, en 1912. Tierra de apaches y navajos, antes había pertenecido al Virreinato de la Nueva España. Desde 1821 fue parte de la República mexicana. En 1848, toda la extensión al norte del río Gila pasó a manos estadounidenses; el presidente Santa Anna vendería el resto en 1853