Donostia. La semana que viene echa la persiana Heldu, el servicio de atención jurídico-social a inmigrantes, una suerte de segunda casa para un sinfín de extranjeros en situación irregular que encontraban en estas oficinas, además de una guía para el engorroso papeleo, un inestimable apoyo moral y psicológico. La decisión del Gobierno Vasco de dar cerrojazo a este valorado recurso ha cogido a todo el mundo con el pie cambiado y, lo que parece más preocupante, deja encima de la mesa en Gipuzkoa un millar de expedientes sin resolver de ciudadanos extracomunitarios que habían confiado a este servicio su delicada situación administrativa. Nadie sabe muy bien a quién recurrir a partir de ahora.

Desde que trascendió la noticia, por las oficinas de este recurso en Donostia circulan a diario decenas de inmigrantes con una sensación de pérdida, que se suma al desconcierto por verse desprovistos de tan útil herramienta. “Sí, cerramos el día 15, pásate y nos despedimos”, confesaba ayer telefónicamente por enésima vez Ana Vázquez, una de las administrativas. No ocultaba su enojo la mujer por las maneras en las que se ha procedido al cierre. “Las cosas no se pueden hacer así, corriendo y mal, de un día para otro con todo lo que hay aquí”, decía indignada, señalando los miles de expedientes que acumulan desde que comenzaron su andadura allá por 2003.

La consejería de Empleo y Asuntos Sociales, según aseguran desde el propio servicio de atención, no tiene un plan concreto para resolver el jaleo burocrático que se avecina. Ni siquiera se ha llevado a cabo una rueda de contactos previos con los servicios sociales de base de los consistorios, con los que, sobre el papel, se trabaja codo con codo.

El camino burocrático La mayor parte de expedientes que, por el momento, se han quedado en barbecho, guardan relación con reclamaciones relativas al arraigo social, que se solicita tras acreditar tres años de residencia y un contrato en firme. Unos requisitos de por sí complicados a los que se suma ahora el enorme interrogante del camino burocrático que seguirán los trámites iniciados una vez suprimido Heldu.

Desaparecido este referente de garantías, que había dado sobradas muestras de su profesionalidad, se abre ahora la veda a un panorama “cuando menos confuso”, que despierta “gran preocupación” en los servicios sociales de base porque, además no haber sido consultados, no saben a dónde derivar a las personas extranjeras.

Heldu era un engranaje más del sistema de la primera acogida. El extranjero acudía a los servicios sociales y desde éstos, a través de una ficha de derivación, eran dirigidos al extinto recurso. Al fallar ahora esta pieza, las trabajadoras sociales reconocen no saber a dónde derivarles.

Según fuentes consultadas, la supresión de este servicio de referencia hace temer la irrupción de determinados tramitadores de sospechosa reputación, algo que desgraciadamente no resulta infrecuente en el campo de la inmigración. Bizkaia, sin ir más lejos, es un territorio fecundo en denuncias de esta naturaleza.

Para buena parte de los inmigrantes en situación irregular, este recurso era una vía irreemplazable de primera acogida, una vía de garantías, asesoramiento y orientación al recién llegado que, de buenas a primeras, les ha sido arrebatada.

Cierre “atropellado” Desde que comenzó su andadura en Gipuzkoa en 2003, se han tramitado nada menos que 8.263 expedientes. Según denunciaba el martes SOS Racismo, la supresión de Heldu supone “empecinarse en hacer cada vez más difíciles las condiciones de vida de una parte de la población, como son los inmigrantes”, a la vez que parece “una clara práctica de racismo institucional”. Organizaciones sociales implicadas denuncian una gestión del cierre “atropellada”, en la que “no se ha sabido medir los tiempos”.

Mikel Mazkiaran, uno de los letrados de Heldu en Gipuzkoa, abunda en esta dirección al confesar que “todo se ha hecho de manera absolutamente precipitada. Sólo se ha tenido en cuenta la fecha de finalización de la concesión, sin advertir que se trata de un servicio que mueve miles de expedientes. La única manera de cerrar todo esto es con un plan que se alargue en el tiempo para poderlo hacer de manera más o menos ordenada”, algo que, evidentemente, no ha ocurrido. Como él, los 23 empleados de este servicio con presencia en los tres territorios vascos, que desde el jueves pasarán a engrosar las listas del paro, se enteraron de que iban a quedarse sin empleo por la prensa hace unos días. El rumor del posible cierre venía coleando desde hacía tiempo. A primeros de año, la Dirección de Inmigración comunicó a los empleados que estudiaba buscar alguna fórmula para prolongar la concesión administrativa de este recurso, que se gestiona actualmente por Estudios Jurídicos S.L., adjudicataria administrativa del servicio.

Pero los acontecimientos se han precipitado durante las últimas tres semanas, tras la publicación en prensa el 16 de junio del cese de actividad de esta herramienta, cuya finalidad había sido colaborar hasta ahora con los servicios sociales de base para que se pudiera atender con las mayores garantías a inmigrantes en situación administrativa irregular.

El Gobierno Vasco, que salió a la palestra al día siguiente en boca de la consejera de la consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, aduce que Heldu no tiene encaje dentro de la reorganización que está llevando a cabo de los servicios sociales.

Una gran paradoja parece nacer de todo ello, puesto que “el Gobierno Vasco viene a decir que a partir de ahora ese trabajo lo llevarán a cabo lo que llaman el tercer sector, mientras las organizaciones que lo componen están diciendo que no van a ser sustitutas de Heldu”, asegura Mazkiaran.

De hecho, la pasada semana, una veintena de organizaciones, la mitad de ellas guipuzcoanas, firmaron un manifiesto en el que ensalzaban la importancia de este recurso, al que se han derivado “incontables casos” por tener una especial complejidad.