vitoria. El clan de etnia gitana más polémico de Vitoria, el de los bartolos, continúa cobrando ayudas sociales pese a haber incumplido las condiciones de realojo establecidas por el Consistorio. El propio gobierno local ha admitido, tras una denuncia hecha pública por EA, que al menos una de las familias sigue recibiendo dinero de las arcas municipales.

Se acaban de cumplir precisamente cinco meses del desahucio del inmueble que ocupaban en la avenida de los Huetos por no pagar la hipoteca. Un año antes, el Consistorio había cerrado el grifo social con el que se abastecían los inquilinos del número 68, por lo que las consecuencias fueron evidentes. Las intenciones del Ayuntamiento entonces pasaban por reubicar al colectivo en el campamento de Agirrelanda, para poder empezar a trabajar allí en su integración, convencido de que todavía no estaban preparados para vivir en comunidad. Sin embargo, los integrantes del clan hicieron caso omiso de las instrucciones dadas y alquilaron pisos en diferentes barrios de la capital alavesa. Una de las familias se trasladó a un inmueble en Gamarra Menor, pese a las quejas vecinales, de las que se ha hecho eco hasta el Síndico. La citada familia corre de nuevo peligro de desahucio por impago, por lo que el Ayuntamiento gasteiztarra continúa facilitándole las ayudas sociales. Se justifica en que en la casa viven varios menores que podrían quedar en situación de desamparo. “El gobierno local ha incumplido su palabra de que no les iba a dar un duro más, ¿cuántas familias hay en Vitoria que no pueden llegar a final de mes?”, denunció ayer el portavoz del grupo municipal de Eusko Alkartasuna, Antxon Belakortu.

el edificio de los huetos En este sentido, el equipo de gobierno local mantuvo ayer una reunión con los grupos de la oposición para comunicarles que está negociando con los bartolos para adquirir el edificio de la Avenida de los Huetos. La cuantía que desembolsará el Ayuntamiento a cada una de las familias dependerá del estado de la vivienda así como de la deuda que cada una de ellas tenga contraída con las arcas municipales. Una vez se llegue al acuerdo, que deberá lograrse antes de que se ejecute el aval, el inmueble tendrá dos propietarios: el Consistorio y Caja Vital, por lo que entre ambos se decidirá qué se hace con el bloque, si se procede a su derribo o simplemente se tapian sus accesos.