El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ayer una demanda de inconstitucionalidad contra la ley del estado de Arizona que convierte en delito la inmigración ilegal, la primera de este tipo en el país, según informó el diario ‘The Washington Post’. El Gobierno de Barack Obama confía en que los jueces decreten la suspensión cautelar de la norma, como ha ocurrido en otras ocasiones en virtud de la doctrina del derecho preferente.
La Administración norteamericana considera que la SB1070, más conocida como la ‘ley Arizona’, excede las competencias estatales en materia de inmigración. Entre otras disposiciones, la nueva normativa obliga a la Policía a interrogar a los habitantes de este estado sobre su situación migratoria cuando quepan dudas «razonables» al respecto.
Ésta es la primera ley que criminaliza la inmigración ilegal en Estados Unidos y ha sido duramente criticada por los defensores de los derechos humanos, que creen que puede fomentar el racismo contra la comunidad hispana. Además del Ejecutivo norteamericano, grupos de defensa de los derechos humanos como la ACLU también presentaron demandas colectivas contra la ley y han auspiciado boicots al estado que la aprobó, secundados por los gobiernos municipales de ciudades como Boston o Seattle.
Sin embargo, el 68% de los estadounidenses rechaza el bloqueo, de acuerdo con una encuesta del prestigioso ‘Rasmussen Reports’. En conjunto, el 55% de la población respalda la nueva ley, cifra que se eleva hasta el 70% en Arizona, que votará en noviembre si reelige a la artífice de la normativa, la gobernadora republicana Jan Brewer.