Arizona quiere actuar contra los inmigrantes sin papeles que se saltan las fronteras físicas. Pero con la polémica ley SB 1070, que a partir del 29 de julio permitirá parar, pedir identificación y detener a sospechosos de estar ilegalmente en el estado, ha cruzado otra línea: la de la Constitución de EEUU. Con ese argumento, el Departamento de Justicia recurrió ayer finalmente ante los tribunales contra la controvertida ley firmada en abril por la gobernadora republicana Jan Brewer y solicitó medidas provisionales para evitar que entre en vigor mientras se dirime el caso, alegando que de lo contrario «EEUU sufriría un daño irreparable».
No se puede anticipar el calendario inmediato que seguirá el caso, pero lo seguro es que se abre una dura batalla legal y se intensifica el debate social, jurídico y político. El argumento básico del Gobierno es que regular la inmigración es competencia federal, no de los estados, y así se recoge en el recurso presentado ayer en Phoenix: «Aunque un estado puede adoptar regulaciones que tienen efecto indirecto o incidental en los extranjeros, no puede establecer su propia política de inmigración o aplicar leyes estatales de modo que interfiera con la ley federal de inmigración», se lee.

La Administración plantea también elementos sobre derechos civiles y argumenta que la ley de Arizona podría llevar al acoso policial tanto de ciudadanos estadounidenses como extranjeros, una amenaza de la que también había alertado el presidente, Barack Obama.