La Administración Obama, a través del Departamento de Justicia, ha decidido finalmente querellarse contra la polémica ley de inmigración de Arizona bajo el argumento de que interfiere con prerrogativas y competencias propias del gobierno del federal. Además, los abogados del gobierno de Estados Unidos se han decantado por solicitar una suspensión cautelar de la entrada en vigor prevista para el próximo 29 de julio de esa iniciativa que asigna a las fuerzas policiales estatales y locales la obligación de determinar el estatus migratorio de cualquier persona si existe “sospecha razonable” de que pueda encontrarse ilegalmente en Estados Unidos.
La querella argumenta que la popular ley de Arizona, promulgada en abril y producto de la espiral de violencia descontrolada en la frontera de México, atenta contra la cláusula constitucional que fija la supremacía de las leyes federales. Con insistencia en que la regulación de los flujos de inmigración legales o ilegales es una competencia exclusiva del gobierno federal, en ningún caso compartida con ninguno de los cincuenta Estados de la Unión americana.
El recurso del Departamento de Justicia ante los tribunales federales también incorpora los temores expresados por el propio presidente Obama sobre posibles violaciones de derechos fundamentales por parte de esa ley “pobremente concebida”. Ya que también se denuncia el peligro de extralimitación de los agentes de la autoridad y el riesgo de discriminación racial contra ciudadanos de Estados Unidos. Con esta decisión, la Administración Obama se ha sumado al cúmulo de querellas y acciones legales iniciadas por activistas y hasta el propio gobierno de México contra la legislación de Arizona.
En las últimas semanas, los 15.000 agentes policiales encargados de aplicar la ley de Arizona han empezado a recibir directrices oficiales. En un intento de evitar acusaciones de discriminación, los policías no podrán en ningún caso utilizar el factor racial para fundamentar sus exigidas sospechas razonables. Sin embargo, como indicios aceptables figuran la incapacidad de un sospechoso para hablar inglés, su vestimenta y presencia en lugares habitualmente frecuentados por “sin papeles”