PABLO PARDO / Washington
Especial para EL MUNDO
El aeropuerto de Phoenix, la principal
ciudad de Arizona –y la quinta
de EEUU– se llama Barry Goldwater.
Eso, más que un nombre, es
una declaración de principios. Barry
Goldwater, cinco veces senador
por Arizona, es el creador del moderno
movimiento conservador en
Estados Unidos. Su intento de lograr
la presidencia en 1964 acabó
en debacle, pero no es casual que
sólo ganara en Arizona y en cinco
Estados del Sur más profundo, que
nunca perdonaron al demócrata
Lyndon B. Johnson –y a gran parte
de los republicanos del noreste de
Estados Unidos– la Ley de Derechos
Civiles de aquel año, que
prohibía la discriminación racial y
el sinnúmero de reglamentos destinados
a evitar que los negros y
los hispanos votaran.
Ahora, 46 años después, Arizona
vuelve a estar en el eje de un
debate sobre lo que se supone que
es la esencia de Estados Unidos. Y
es un debate que ha escalado del
plano social al político y, desde
ahí, parece que en pocas horas llegarán
al terreno de la Constitución.
Porque, según informaban
ayer los diarios The Washington
Post y Politico, la Administración
de Barack Obama ha presentado
un recurso legal contra la Ley de
Inmigración aprobada por Arizona
el 13 de abril, y que debe entrar
en vigor dentro de 22 días. El controvertido
texto convierte a la inmigración
ilegal en un delito penal,
permite a las fuerzas del orden
de ese Estado interrogar a
cualquier persona acerca de su estatus
inmigratorio y exigirle documentos
que prueben que es un residente
legal. La tesis del Departamento
de Justicia, que es quien
planteará la demanda, se basa en
dos puntos. Uno, que la política inmigratoria
es competencia exclusiva
del Gobierno federal. Esa idea
se basa en la idea de la prevención,
que ha sido ratificada varias
veces por el Supremo de Estados
Unidos, y que establece que las leyes
que emana Washington están
por encima de las de los Estados.
Por tanto, Arizona estaría usurpando
poderes ajenos.
La otra pata del argumento es la
presunta discriminación racial que
la Ley de Arizona podría ocasionar,
al fomentar el acoso, por parte
de las autoridades, tanto de ciudadanos
estadounidenses con rasgos
físicos latinoamericanos como
de extranjeros que residen en el
país, dado que las fuerzas de seguridad
podrán exigir los papeles a
cualquier persona que levante
«sospechas razonables» sobre su
origen. Así que, de nuevo, se vuelve
a, entre otras, la Ley de Derechos
Civiles de 1964.
Lo que no está claro es qué dirán
los jueces. Por de pronto, el Estado
de Arizona ya se ha visto sometido
a tal bombardeo de demandas contra
la ley que ha tenido que crear
un presupuesto extra para financiar
los costes de su defensa. Por el
momento, sus partidarios sostienen
que, dado que entrar en territorio
estadounidense de forma ilegal
es delito, sancionado como tal
por el propio Estado federal, Arizona
simplemente está aplicando
–eso sí, de una forma más dura– la
legislación vigente.
En todo caso, el queWashington
lleve a Phoenix a los tribunales no
implica necesariamente que la
aplicación de la ley se suspenda,
salvo que los jueces lo decidan.