MARC BASSETS – Washington. Corresponsal
La Administración Obama denunció ayer ante un tribunal del distrito de Arizona la estricta ley migratoria de Arizona, con el argumento de que el estado fronterizo ha invadido competencias federales. Si la denuncia tiene éxito, la entrada en vigor de la ley, prevista para el 29 de julio, debería aplazarse, e incluso podría anularse definitivamente.

La denuncia, presentada por el Departamento de Justicia, convierte el debate sobre la inmigración en un pulso constitucional entre el Gobierno central y el gobierno de un estado. La ley fue aprobada por la mayoría de legisladores estatales y disfruta, según los sondeos, del apoyo mayoritario de la población. Arizona es el principal punto de entrada de inmigrantes sin papeles en EE. UU. Las autoridades locales se quejan de que la porosidad de la frontera con México no sólo fomenta el tráfico de seres humanos sino también el de drogas.

La ley – probablemente la más estricta en materia migratoria del país-define como un crimen estatal estar en Arizona sin documentos reglamentarios. También autoriza a las fuerzas del orden a aclarar si una persona detenida por vulnerar otras normas – por ejemplo, de tráfico-se encuentra en el país de forma legal. La adopción de la ley, en abril, desató las protestas de grupos de hispanos y del Gobierno de México, de donde procede buena parte de los cerca de once millones de sin papeles que viven en EE. UU.

La denuncia presentada ayer es el paso más decisivo de Barack Obama contra la ley. Entre otros argumentos, el Departamento de Justicia advierte del peligro de que puedan darse casos de discriminación contra ciudadanos de origen no anglosajón. El principal argumento, sin embargo, es que la ley vulnera la llamada cláusula de supremacía de la Constitución, según la cual la Constitución y las leyes federales son “la ley suprema del país” a la que deben someterse las leyes de los estados.

El Gobierno de Arizona replica que ante la ausencia de una ley migratoria nacional, y ante la crisis de seguridad que supuestamente se deriva de la inmigración ilegal, el estado se ha visto obligado a legislar por su cuenta. “El pueblo americano debería preguntarse si la Administración Obama realmente está decidida a proteger la frontera cuando denuncia a un estado simplemente por intentar proteger a su gente poniendo en práctica la ley de inmigración”, dijeron los senadores republicanos por Arizona John McCain y Jon Kyl.

Las disputas entre el Gobierno federal y los estados no son nuevas, pero se ha acentuado en los últimos meses. Varios estados han denunciado ante los tribunales la ley de la reforma sanitaria del presidente Obama, con el argumento de que invade las competencias estatales.

Mientras la Administración cita la cláusula de supremacía, los partidarios de los derechos estatales agitan la décima enmienda de la Constitución, que reza que “los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ésta a los estados, están reservados a los estados, o al pueblo”.