BILBAO. SOS Racismo Bizkaia advirtió ayer de que la “supresión” del servicio Heldu se traducirá en “la vulneración de derechos fundamentales” y, por ello, ha emplazado al Gobierno vasco a que “encaje en su política de servicios sociales una pieza tan esencial” y asuma su gestión “directamente”.

En un comunicado, el colectivo ha destacado que “un servicio público de atención especializada a la ciudadanía inmigrante en situación administrativa irregular resulta a todas luces esencial”.

“No cabe delegar al voluntarismo de las ONG el deber de un Gobierno de garantizar los derechos de la población inmigrante”, ha defendido. En esta línea, ha considerado que “el encaje” de Heldu en el organigrama administrativo y legal vasco es una cuestión de voluntad política a favor de incluir en las políticas públicas a personas a las que la Ley de Extranjería niega la ciudadanía". A su entender, con su “supresión”, el Gobierno vasco “se empecina en hacer cada vez más difíciles” las condiciones de vida de los inmigrantes.

En función de los datos aportados por SOS Racismo, en el País Vasco hay censadas alrededor de 140.000 personas inmigrantes, el triple que las que existían en el momento de la creación de este servicio, y además “la normativa en materia de extranjería sigue siendo igual de rígida y compleja”.

Tras censurar a la Consejería de Asuntos Sociales que “airee el millón de euros que supone el mantenimiento de un servicio de atención a inmigrantes” como “una clara práctica de racismo institucional”, ha exigido a las administraciones públicas que “garanticen los derechos fundamentales de la ciudadanía en igualdad, sin que medie un trato desigual por el origen o procedencia”.

Desde que se conoció el pasado 18 de junio la decisión de la consejería de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, de no prorrogar este servicio, que asesora y tramita de forma gratuita solicitudes de permisos de residencia y trabajo de inmigrantes extranjeros en situación irregular o regularizadas pero en situación de extrema vulnerabilidad, las coordinadores de ONG de Euskadi y los sindicatos han rechazado esta medida y han advertido que este cierre va a a paralizar más de 34.000 expedientes.