CUANDO el Ayuntamiento de Vic tomó la decisión de no empadronar a personas en situación irregular, se abrió, justamente, un debate sobre si la medida era ética y si se ajustaba a Derecho. Sin embargo, lo que no se discutió, seguramente por lo deplorable que resultaba desde esos puntos de vista, es cuál habría sido el efecto si se hubiese aplicado. De hecho, son muchos los ayuntamientos que ponen dificultades a la hora de empadronar, además de los que ya impone la ley – que deja fuera a quien no tenga un documento de identidad válido y en vigor – y los que impone el mercado inmobiliario. ¿Es que aquellas personas a las que se les hubiese negado el empadronamiento habrían desaparecido? ¿O seguirían siendo vecinas y vecinos pero con menos derechos? ¿Trae algún beneficio para la ciudadanía que las y los vecinos vivan sin empadronarse? ¿Mejoraría la habitabilidad?

Polémica ha sido también la decisión de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de no permitir una tercera renta básica si ya hay dos familias que la cobran en una vivienda. Pero dejar sin este derecho a las personas que tengan mayor dificultad para acceder a la vivienda ¿hará que desaparezcan el hacinamiento? ¿O seguirán viviendo con mayores dificultades y sin acceso a las prestaciones? ¿No aumentará la especulación sobre los alquileres y los precios que se cobran por autorizar a empadronarse?

Ya son muchas las personas que no acceden a los servicios básicos por carecer de un documento para empadronarse, no poder conseguir un alquiler o no tener ingresos para pagar una habitación con derecho a empadronamiento.

Sólo cuando hablamos de extranjería o de prostitución pasamos por alto medidas perversas que culpabilizan y castigan a las víctimas con la justificación de que de esa manera se lucha contra las mafias. Nadie admitiría que se impusiese una multa a las personas que trabajen en negro. Al contrario, la legislación ampara sus derechos declarando que el contrato existe y sanciona al empleador. Sin embargo con medidas como la de Vic o la del Reglamento de Garantía de Ingresos se propone despojarlas de derechos; a ver si así dejan de ser pobres. ¿No serán los especuladores inmobiliarios los que se frotarán las manos con personas que tienen que pagar lo que sea ya que no tienen alternativa para acceder a derechos básicos? ¿No son las vecinas y vecinos más desprotegidas las que quedarán fuera del sistema de protección social?

La medida del Gobierno vasco es de dudosa legalidad y contraviene el principio de no discriminación de forma directa o indirecta. Por una parte limita hasta estrangularlo un derecho reconocido por ley. Por otra, lo hace a través de requisitos que nada tienen que ver con el bien que se trata de proteger, especialmente cuando la realidad del mercado inmobiliario hará que afecte especialmente a jóvenes, inmigrantes y mujeres. Y además rompe un consenso construido durante años y del que estábamos orgullosas: entender que los derechos se tienen por ser vecina y vecino y no por las circunstancias administrativas.

La Consejería se ha propuesto modificar la Ley de Garantía de Ingresos para adaptarla a los cambios de Lanbide. Puede ser un buen momento para exigir y recuperar este principio de ciudadanía inclusiva.