Familiares y amigos de las víctimas pasaron ayer horas terribles a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde hicieron guardia para saber si sus seres queridos estaban entre las trece víctimas mortales del atropello ferroviario de la noche de San Juan en Castelldefels. La tensa espera se fue acabando poco a poco para buena parte de ellos porque los servicios forenses consiguieron identificar a la mayoría de las víctimas. Todas a las que se ha puesto nombre por ahora, nueve, eran de origen latinoamericano.

Entre los identificados hay cinco ecuatorianos, dos bolivianos y dos colombianos, informó la consejera de Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura. Los forenses tienen bastante avanzados los trabajos de filiación de otros tres. Fue la propia consejera la que comunicó la mala noticia a los familiares. A última hora de ayer el juez sólo había admitido como buenas siete identificaciones. Para las otras dos se deberán profundizar los análisis de ADN a petición judicial, a pesar de que en el Instituto de Medicina Legal los forenses habían dado por concluidas las pesquisas.

Mientras, medio centenar de parientes y amigos permanecían en las instalaciones de la Ciudad de la Justicia a la espera de recabar una información que para algunos no llegaba y que les tiene desesperados. Las horas se hacen eternas. «Vine y nos pidieron que diéramos alguna señal que sirviera para identificar a los fallecidos», contó Silvia Pinchao, que horas después ya supo que su familiar estaba en la lista maldita. «De las dos compañeras que iban conmigo a celebrar la verbena, una está en el hospital y de la otra no se sabe nada», relató con pena y desesperación Rocío Alcíbar. Igual que Javier Chamorro: «Éramos cinco personas; una está en el hospital y otra desapareció».

El tiempo de espera se acabó de repente para Richard Olivo, quien ayer no abrió su comercio en Cornellà. Su cuñada murió en el accidente. Sus dos hijas se salvaron. En un principio se temió lo peor, pero ahora tiene motivos para mirar al futuro. Su hija tenía el 90% posibilidades de que le amputaran la pierna, pero los médicos han logrado salvar la extremidad. La chica no se acuerda de nada y, según su padre, pregunta todo el tiempo por su tía. «Tememos su reacción porque se criaron juntas de pequeñas y eso nos tiene preocupados», relató.

Diez hospitalizados

A pesar de las escenas vividas ante la sede del Instituto de Medicina Legal, los miembros del Servicio de Asistencia Psicológica señalan que lo están llevando con una «entereza fuera de lo común». Eso sí, auguran que los próximos días serán los «más duros».

Lourdes Izquierdo, de la oficina de atención a las víctimas, considera «muy diferente estar atendiendo a un familiar que a testigos directos de lo ocurrido». «Les estamos ofreciendo acompañamiento en el dolor y se les ofrece todo lo que está en nuestras manos, incluso comida», explicó.

Además de los trece fallecidos, todos de entre 17 y 39 años, el accidente causó catorce heridos, diez de los cuales permanecían ayer, al cierre de esta edición, ingresados en diversos hospitales barceloneses. De ellos, seis han pasado ya a planta, mientras cuatro continuaban en la Unidad de Cuidados Intensivos. Todos están identificados y acompañados por sus familiares, según explicó la consejera de Salud de la Generalitat, Marina Geli. Tres heridos están en estado crítico, especialmente una joven de 25 años, que permanece sedada, mientras que dos tienen diagnóstico grave.

La polémica por las circunstancias en las que se produjo el arrollamiento mortal continuó ayer. Fomento, a través del secretario de Infraestructuras, Víctor Morlán, condicionó la posibilidad de extremar las medidas de precaución en las estaciones a lo que digan los cuatro informes que deben elaborarse sobre el accidente. «Otra cosa es si en días de elevada concurrencia haga falta reforzar la seguridad», terció Joaquim Nadal, el consejero catalán de la misma materia.

Nadal tuvo que salir al paso de las críticas vertidas por el cónsul general de Ecuador en Barcelona, Freddy Arellano, que fue más allá de la mera denuncia pública y anunció que los familiares de las víctimas estudian emprender acciones legales contra los responsables de la estación porque creen que el paso elevado debía estar abierto para evitar el colapso del subterráneo. Algunos testigos también alegan que el tren no llevaba encendida la luz obligatoria, lo que Renfe niega.