bilbao. La coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a inmigrantes, Harresiak Apurtuz, mostró ayer su preocupación por la intención del Gobierno vasco de no prorrogar el servicio jurídico Heldu y se preguntó qué se va a hacer con “las más de 1.600 personas o familias cuyos expedientes están actualmente abiertos”.

Harresiak Apurtuz se refirió así, en un comunicado, al anuncio hecho en ese sentido por la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, que el pasado 18 de junio hizo pública en el Parlamento su intención de no prorrogar este servicio, que asesora y tramita de forma gratuita solicitudes de permisos de residencia y trabajo de inmigrantes extranjeros en situación irregular o regularizadas pero en situación de extrema vulnerabilidad. La coordinadora recordó que acogió con “expectación” en 2002 la creación de este servicio, que se ha convertido durante este tiempo en un “referente claro para asuntos de garantías jurídicas hacia el colectivo inmigrado, con un alto nivel de calidad y rendimiento”.

Por ello, y ante su eliminación – será previsiblemente suprimido el 15 de julio – , Harresiak Apurtuz se preguntó cómo y a través de qué mecanismos se comprometerá el Gobierno vasco con “esta realidad de déficit de garantías en el ámbito de derechos y deberes de los ciudadanos extranjeros”. Harresiak Apurtuz exige “garantías públicas en la provisión de servicios concretos que atiendan a la especificidad” de este colectivo y dicen estar dispuestos a “aportar y construir conjuntamente las mejores soluciones posibles, exigiendo que todos cumplan con su responsabilidad”. >efe