El Gobierno mexicano se sumó ayer a una demanda de diversos organismos civiles en EE UU para que se declare inconstitucional y se evite la aplicación de la ley SB1070 de Arizona, que criminaliza a los indocumentados. El Ejecutivo destacó como «fundamental e imperativo» que se reconozcan los derechos humanos y civiles de los ciudadanos mexicanos cuando estén en cualquier estado de su vecino del norte.