La tensión se palpaba ayer a las puertas del Palacio de Justicia de San Sebastián. El juicio por el asesinato de un hombre de etnia gitana cometido hace cuatro años en Eibar obligó a la Ertzaintza a adoptar medidas excepcionales ante el riesgo de que pudieran registrarse graves incidentes entre los familiares de la víctima y del agresor, ambos de etnia gitana. Media hora antes del inicio de la vista varias patrullas policiales vigilaban las inmediaciones de la sede judicial.
La viuda e hijos del fallecido, José Jiménez Escudero, de 46 años, se mostraban inquietos minutos antes de que diera comienzo la sesión. En cuanto llegaron a la Audiencia protagonizaron ya una agria discusión con varios de sus allegados. Los reproches retumbaron en el ‘hall’ de entrada. Faltó muy poco para que la viuda y una «sobrina» llegaran a las manos.
Los miembros de la otra familia, la del agresor, ni siquiera se dejaron ver. Varios de ellos, testigos en la causa, contactaron a primera hora con la oficina de la Audiencia para comunicar que sólo comparecerían si eran escoltados por la Policía.
Tal y como se estaban desarrollando los acontecimientos, todo hacía presagiar que la animadversión de unos y otros iba a alterar el devenir del juicio. Ante esta situación, la letrada del acusado pidió la celebración de la vista a puerta cerrada. Las acusaciones secundaron la solicitud. El tribunal aceptó.
El crimen se cometió el 14 de diciembre de hace tres años, en el transcurso de una trifulca entre un clan de etnia gitana de Eibar y otro de Tolosa que mantenían desavenencias que se remontaban varios años atrás. Los hechos sucedieron poco después de la una de la tarde, en la calle Polonia Etxeberria del barrio eibarrés de Urki. Miembros de las familias habían acudido a una comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 2 de Eibar, donde debían de declarar por la denuncia que el presunto homicida había interpuesto contra un miembro de la otra familia por la quema de un vehículo.
En plena calle
La declaración en el juzgado fue el detonante de una disputa en plena calle que terminó en un baño de sangre. En la comisión de los hechos, el acusado Rafael V.E., de 50 años, natural de Eibar, utilizó una carabina marca Savage, modelo 64 G del calibre 22 LR. Según el escrito de calificación fiscal, el inculpado vació dos cargadores de diez balas cada uno de manera indiscriminada sobre la familia con la que estaba enemistado.
Cinco de los disparos impactaron en el cabeza de familia, José Jiménez Escudero, que falleció en el mismo lugar de los hechos. El acusado atentó asimismo contra dos de los hijos de la víctima, de 23 y 26 años, que resultaron con lesiones de carácter grave.
La esposa del fallecido y madre de los dos jóvenes heridos que asimismo se encontraba presente en el lugar acudió rápidamente a auxiliar a su esposo y recibió varios impactos que le provocaron lesiones de las que tardó un año en curar.
Tras los hechos, la Ertzaintza, alertada por la llamada de los vecinos, se personó en el lugar y logró desarmar al agresor que fue detenido bajo la acusación de un delito de homicidio.
Se declara inocente
Durante la vista celebrada ayer, el acusado, ante la sorpresa de algunos de los presentes, se declaró inocente y negó que fuera el autor de los disparos. El imputado manifestó que en el transcurso de los incidentes que se desencadenaron recibió un golpe con un objeto contundente en la cabeza que le hizo perder el conocimiento. Añadió que cuando recobró la consciencia las víctimas ya habían sido tiroteadas.
Dos hijos del agresor manifestaron que ellos también participaron en la agresión.
Estas manifestaciones fueron interpretadas por las acusaciones fiscal y particular como una mera estrategia y apenas les concedieron credibilidad. La viuda e hijos del fallecido confirmaron que fue el acusado quien les disparó.
El juicio continuará hoy con las pruebas periciales, las conclusiones y los informes finales del fiscal y los letrados.
La Fiscalía de Gipuzkoa considera que el acusado es autor de un delito de asesinato consumado y de otros tres en grado de tentativa. Por el primero de ellos solicita una pena de dieciocho años de prisión, mientras que por cada uno de los tres restantes reclama 13 años.