Allegados del hombre asesinado a tiros en Eibar en diciembre de 2007 y familiares del presunto autor del crimen se enfrentaron verbalmente ayer en la Audiencia de Guipúzcoa, lo que motivó que el juicio por estos hechos se celebrase a puerta cerrada.

Según informaron fuentes del caso, los altercados tuvieron lugar durante las cuestiones previas al juicio y consistieron, básicamente, en gritos, insultos e increpaciones en voz alta que se intercambiaron miembros de ambas familias de etnia gitana y que impidieron el normal desarrollo de la vista.

Por este motivo, la presidenta de la Audiencia ordenó el desalojo del recibidor del Palacio de Justicia en el que se encontraban los alborotadores y tras deliberar con los otros dos miembros del tribunal decretó que el juicio tuviera lugar a puerta cerrada.

Las fuentes precisaron que, una vez iniciada la vista, se volvieron a producir unos momentos de tensión durante la declaración de la viuda, quien insultó e increpó al procesado que estaba sentado en el banquillo de los acusados. La mujer se tranquilizó tras ser conminada por el tribunal a que depusiera su actitud y la sesión pudo continuar sin nuevos incidentes.

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, los hechos enjuiciados ocurrieron el 14 de diciembre de 2007, cuando el imputado se encontraba en casa de su hermano y vio aproximarse al fallecido con su familia, con quienes no mantenía buenas relaciones «desde hacía tiempo» ya que se habían interpuesto «varias denuncias cruzadas».

El procesado, que tenía 47 años cuando ocurrieron los hechos, habría llevado a casa de su hermano una escopeta «con el fin de acabar con la vida» de esta familia, a la que presuntamente «había citado» para «llevar a cabo sus amenazas».

El documento de la fiscalía explica que el presunto asesino, «guiado» por un «odio dirigido a acabar con esa familia», disparó dos cargadores de diez balas contra el fallecido; su esposa, que resultó malherida; y sus tres hijos, dos de los cuales sufrieron diferentes impactos.

La Fiscalía de Guipúzcoa considera que estos hechos son constitutivos de un delito de asesinato y de otros tres de tentativa de asesinato por los que reclama penas que suman 57 años de reclusión para el procesado y que compense a sus víctimas con indemnizaciones que suman 164.110 euros por las lesiones sufridas y la muerte de su familiar.