El Gobierno limitará finalmente en la Ley de Libertad Religiosa el uso del burka en los espacios públicos. Así lo anunció ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que, si bien inicialmente se mostraba reacio a regular expresamente esta cuestión, ha optado por incluirla en la norma que ultima el Ejecutivo.

El anuncio del ministro llega un día después de que Barcelona y Tarragona prohibieran esta prenda islámica en las instalaciones municipales y que el Ayuntamiento de Coín (Málaga) anunciase su intención de aprobar una moción en este sentido. Otras ciudades, como Lérida y El Vendrell, también le han declarado la guerra al velo integral.

Caamaño precisó que la Ley de Libertad Religiosa en la que el Gobierno trabaja sobre varios borradores abordará «con carácter general» la utilización de prendas que externalizan el sentimiento religioso. «Nosotros creemos que hay elementos como el burka que son difícilmente compatibles con la dignidad del ser humano y, sobre todo, con elementos fundamentales en espacios públicos, como es la identificación», argumentó, según informa Europa Press.

Prosiguió que la ley «tendrá que adoptar medidas sobre aquellos símbolos que impiden la identificación en espacios públicos», puesto que «hay razones de seguridad». E insistió en que tanto el burka como prendas similares pueden ser «vejatorias» para la dignidad del ser humano y, en concreto, para la mujer.

El Gobierno se suma así a la corriente antiburka europea y se gana las críticas de algunos partidos de izquierda que dicen que la prohibición es «oportunista» y obedece a razones electorales y de los musulmanes.

La Comisión Islámica de España (el equivalente de la Conferencia Episcopal para los musulmanes) denunció ayer que se está legislado para «cuatro casos que hay en la sociedad». Lo dijo Riay Tatary, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide), que integra la Comisión Islámica junto a la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (Feeri). Mohamed Alí, presidente de la Feeri, aseguró a Europa Press que el burka «no atenta contra la dignidad» y que «la propia persona es la que tiene que decir si se lo ha puesto por obligación o porque le da la gana».

Al PP, por su parte, le parece que la medida del Gobierno se queda corta. «Yo lo prohibiría completamente», apuntó la secretaria general de este partido, María Dolores de Cospedal, extendiendo el veto a la vía pública. Además, el grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona reclamará en el pleno del próximo viernes que se prohíba en la vía pública el burka, el niqab, el nudismo, la prostitución y la mendicidad.

Para prohibiciones, la del responsable de Inmigración de Barcelona, Daniel de Torres (PSC), partidario también de abordar un debate sobre el uso de las dagas y de los turbantes de los sijs.