El Gobierno Vasco suprimirá el servicio de atención jurídica a inmigrantes en situación irregular. La prestación, bautizada como Heldu, se creó en el año 2002 por la Consejería de Asuntos Sociales del anterior Ejecutivo. Nació con el objetivo de asesorar a los 7.000 extranjeros que entonces existían en Euskadi y que necesitaban una cobertura jurídica para conseguir los papeles.
El actual departamento considera que la asistencia a este colectivo está garantizada a través de las asociaciones y entidades sociales, que el propio departamento subvenciona, por lo que ha decidido suprimir el programa, dentro de la reordenación de todos los servicios sociales que ha emprendido la consejería.
Fuentes del departamento aseguran, además, que con el servicio de Heldu se generaba una situación paradójica ya que, pese a no estar incluido en el catálogo de la Ley de Servicios Sociales, para acceder a él los inmigrantes tenían que ser derivados desde los servicios sociales de base de cada ayuntamiento.
La prórroga del contrato de la empresa adjudicataria expira el 15 de julio. A partir de esa fecha, los tres gabinetes que ahora atienden a los inmigrantes irregulares en las tres capitales vascas (en Donostia están en la calle Larramendi) dejarán de desempeñar sus funciones. La consejería asume la gestión de todos los casos que se deriven de los servicios sociales de base y se compromete a su acompañamiento a través de las diferentes asociaciones de ayuda al inmigrante, de forma que en esta primera etapa de transición «nadie salga perjudicado».
El servicio, cuyo coste rondaba el millón de euros al año, atendía en la actualidad a 1.600 expedientes que se encuentran en diferentes fases de tramitación.