La sucesión de resoluciones municipales que van prohibiendo el uso del burka y del niqab en las instalaciones dependientes del respectivo ayuntamiento ha suscitado un debate que el Estado democrático no puede soslayar con el argumento de que se trata de unos pocos casos. Aunque se esgriman razones de seguridad, parece evidente que el problema atañe al cumplimiento de un mandato o de una interpretación religiosa que se confunde con una costumbre cultural o tribal y viceversa. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció ayer que la futura Ley Orgánica de Libertad Religiosa abordará la cuestión, y aunque no quiso adelantar en qué términos lo hará, sí expresó su posición contraria a la utilización del velo integral en el espacio público, también «por razones de dignidad». Se trata de una cuestión delicada, que puede afectar a convicciones íntimas y sobre lo que las instituciones deben dialogar profusamente con las comunidades en las que el uso del burka y del niqab pudiera arraigar. Pero el diálogo no puede servir de excusa para que el Legislativo posponga ‘sine die’ una regulación general al respecto. El Estado democrático debe prevenir el mal mayor, que no es otro que la imposición cultural o religiosa de un atuendo que objetivamente incapacita a la mujer que lo lleva para relacionarse normalmente con el resto de la ciudadanía y, sobre todo, para reconocerse a sí misma como persona ante la mirada de los demás.