Cuando vio, hace unos meses, que la crisis económica iba a dominar el debate electoral en Holanda, por encima de su discurso preferido sobre la inseguridad ciudadana en combinación con la inmigración, Geert Wilders se sacó un habilidoso conejo de la chistera. «¿Cuánto nos cuesta la inmigración masiva de extranjeros de países no occidentales?», preguntó en voz alta.

Como el Gobierno no le contestó, él mismo encargó un estudio. El resultado, dado a conocer en abril: 7.000 millones de euros al año. «Escandaloso», dijo el líder ultra, que halló un nuevo argumento para poner freno a esa inmigración y que antes ya había propuesto un impuesto especial para las mujeres musulmanas que llevan pañuelo. «Esos 7.000 millones, más todo el dinero que dejamos de pagar como ayuda a países en desarrollo y a una Europa sin sentido, nos permitiría recortar menos en otros asuntos más importantes».

Inmigración y crisis. Es la combinación que finalmente ha permitido a Wilders recuperar el terreno que había ido perdiendo últimamente en las encuestas, aunque estas suelen ser engañosas en Holanda: aparentemente, en los sondeos preelectorales no todo el mundo se atrevía a confesar que iba votar al xenófobo Partido por la Libertad (PVV), que se quedaba en unos 16, 17 escaños. Pero en la intimidad del colegio electoral unos 1,4 millones de holandeses le dieron su voto, alcanzando una cifra sorprendente de 24 diputados.

Curiosamente, muchos de esos votos no solo procedieron de las grandes ciudades, donde es más perceptible el conflicto entre la población autóctona y la inmigrante, que a menudo llega a ser del 65% en un solo barrio. Wilders también arrasó, por ejemplo, en el sur, en la provincia de Limburgo, de donde es originario. Tanto ahí como en otros municipios en los que el PVV superó el 30% de los votos, los electores quisieron castigar a los partidos tradicionales y llamar la atención, como diciendo: aquí, lejos de los centros del poder, también existimos.

Job Cohen, el exalcalde de Amsterdam que por solo unos miles de votos no logró llevar a sus socialdemócratas al primer puesto, confesó: «No me gustan nada las ideas de Wilders, pero debemos aprender del hecho de que haya conseguido tantos votos. Es un serio aviso».

Wilders y Cohen fueron los dos que con más vehemencia se enfrentaron en el tema de inmigración. El ultra acusaba al progresista de «sentarse a tomar té con los delincuentes marroquís» en lugar de encararlos con mano dura en algunos de los problemáticos barrios de Amsterdam, donde Cohen ejerció durante nueve años de alcalde. Una actitud dialogante que contrasta con las medidas que propone el propio Wilders. Sugirió expulsarlos en cuanto cometan un delito o llegó incluso a proclamar que había que «pegarles un tiro en la rodilla». Según Cohen, es «una barbaridad» decir que todos los musulmanes son delincuentes o terroristas. Por difundir este mensaje, además, Wilders aún tiene pendiente un juicio, acusado de incitar al odio contra un grupo concreto de la población.

Conflictos en aumento

Fuera de las fronteras, la irrupción de Wilders, un hombre de 46 años que debe llevar protección personal las 24 horas del día y que vive en varios domicilios secretos, ha originado muchas dudas sobre la tradicional tolerancia holandesa. En los últimos 15 años se han incrementado notablemente los conflictos entre holandeses e inmigrantes. En muchos barrios de grandes y pequeñas ciudades los conflictos surgen de la segunda o tercera generación de los inmigrantes marroquís de los años 60 y 70, chavales desorientados que no se sienten ni holandeses ni marroquís. Actualmente, residen unos 350.000 marroquís en Holanda.

«Tenemos un problema con mis jóvenes compatriotas», confiesa el político socialista Ahmed Marcouch, de origen marroquí y durante años presidente de un distrito conflictivo de Amsterdam. «Pero la solución no es excluirlos de la sociedad, sino castigarlos, pero a la vez hablar con ellos e intentar reeducar y reorientarlos».

Son alternativas impensables para Wilders, acostumbrado a la mano dura incluso en su propio partido. Le acusan de ser poco democrático y en toda la campaña electoral ha prohibido a otros miembros de su formación hablar en público. «Si queremos gobernar, debemos ser más democráticos nosotros mismos», dijo un destacado miembro del PVV.