La red de falsificación de empadronamientos desarticulada en los últimos días en la Vega Baja pudo contribuir a regularizar a varios cientos de inmigrantes ilegales asentados en la provincia. La Guardia Civil ha detectado, hasta el momento, a 300 personas inscritas de manera irregular en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, corporación escogida por la trama para llevar a cabo su actividad ilícita porque, presuntamente, contaba con la complicidad de un funcionario de este consistorio, según confirmaron ayer fuentes de la Comandancia de Alicante.

Las pesquisas, sin embargo, continúan abiertas, por lo que la cifra de extranjeros censados de modo fraudulento puede ser mayor. Los certificados obtenidos eran utilizados posteriormente para conseguir permisos de trabajo y residencia, según se desprende de la actuación desarrollada por el Servicio de Información de la Guardia Civil de Alicante.

Los interesados abonaban entre 1.500 y 2.000 euros, según el caso, por figurar en el listado del padrón de Pilar de la Horadada. Un empleado del departamento de Informática y Estadística era el presunto enlace de la organización delictiva dentro de este Consistorio.

Los investigadores han cerrado la denominada ‘Operación Primas’ con quince detenidos, dos más del número que ya fue publicado por este periódico hace poco más de una semana.

Las indagaciones policiales comenzaron a principios del pasado mes de febrero, con la colaboración de técnicos de los ayuntamientos supuestamente afectados.

En el caso de Pilar de la Horadada, se comprobó que la fecha de inscripción en el Censo de Habitantes había sido «falseada, reflejando fechas anteriores a las reales en que las personas inscritas habían llegado a nuestro país».