Ha pasado casi un año desde que la Fiscalía alavesa recibiera de manos de la Diputación los primeros casos de menores extranjeros no acompañados (‘menas’) que podrían no ser tales. El asunto salió a la luz a finales de 2009 pero ha sido hace escasos quince días cuando el Ararteko se ha pronunciado al respecto a través de una resolución en la que recomienda al Departamento foral de Política Social y Servicios Sociales «que cumpla la obligación legal de asumir la tutela de los menores en situación de desamparo» y que, en el supuesto de que resulte necesario determinar su edad mediante prueba, como la ósea, se respeten sus «derechos y garantías». Además, si en el transcurso de estos trámites el chaval cumple los 18, aconseja «la concesión de la autorización de residencia».

El Defensor del Pueblo ha llegado a esta conclusión tras analizar en noviembre la situación de los centros forales Bideberri I y II y del piso Carlos Abaitua. Hasta allí se desplazaron representantes de este organismo que comprobaron cómo «la mayoría de los menores no tenían la orden foral de asunción de tutela y que estaban recibiendo citaciones judiciales» y se pusieron, después, en contacto con el Gabinete Agirre en busca de una respuesta. La Diputación alavesa explicó entonces que, en un primer momento, se pedía cita con la Policía Nacional con el fin de que los chicos pasaran el examen oportuno para determinar su edad pero que, en vista de que «no realizaban la prueba», se decidió «interponer denuncia ante el Juzgado de Guardia». La lista de demandados sumaba 68 supuestos menores sobre los que había «sospechas».

41 quejas recibidas

Al mismo tiempo, el Ararteko tramitó hasta «41 quejas» de ‘menas’ atendidos por los recursos forales de protección que «alegaban que la institución no les había certificado la asunción de tutela, ni había solicitado la autorización de residencia». El Gabinete Agirre, apunta la resolución, argumentó que no lo había hecho porque «no eran menores». Sin embargo, el Defensor del Pueblo entiende que el pasaporte que portaban esos chavales era «un documento oficial válido para acreditar la identidad» mientras que acusa a la Diputación de no haber dado «validez» a ninguno de estos carnés o, lo que es lo mismo, de hacer caso omiso a la «presunción de inocencia» pese al temor de que fueran falsos.

De esta forma, advierte el Ararteko, la entidad foral ha incumplido «sus obligaciones como institución de protección» y, por ello, le solicita que las pruebas de determinación de la edad se lleven a cabo sólo «en los casos en los que la minoría no pueda establecerse con seguridad».