El Cuerpo Nacional de Policía detuvo el 3 de junio a dos personas acusadas de estafa y falsedad documental para conseguir autorizaciones de residencia. E.G.R. y C.F.G., de 64 y 42 años, ofrecían a personas extranjeras regularizar su situación en España con falsos contratos a cambio de 1.500 euros de media.

Todo lo tramitaban en una gestoría. Allí contactaron al menos con 15 inmigrantes . Una vez que estos aceptaban pagar la cantidad requerida, esta entidad presentaba a las autoridades contratos de trabajo supuestamente firmados por tres empresas.

La Delegación de Trabajo en Vizcaya fue quien alertó de indicios de fraude en varias de estas solicitudes. Las investigaciones, en cualquier caso, corroboraron que las ficticias relaciones laborales eran desconocidas por parte de los seis empresarios afectados por el engaño. Figuraban los nombres de las firmas, pero los datos de contacto eran los de la gestoría. C.F.G. es abogada y estaba inhabilitada para ejercer su profesión tras una condena por delitos similares a los que ahora se le imputan.