“Venimos a empadronarnos”, anuncian al cruzar la puerta del Ayuntamiento de Robledo de Chavela, donde gobierna el PP, Mimount El – Jafoufi y Moustapha El – Fezazi, un matrimonio marroquí que reside desde marzo en este municipio del noroeste de Madrid.

- Traemos nuestra documentación y el contrato de arrendamiento de la casa – añaden.

- ¿Tienen ustedes contrato de trabajo? – les pregunta una empleada.

- No.

- Pues sin contrato de trabajo, no empadronamos. Vuelvan ustedes cuando lo consigan – responde la funcionaria.

Media hora más tarde, un español se interesa por la misma gestión. La trabajadora le pregunta por su nacionalidad y solo le pide un contrato de alquiler o un título de propiedad de un piso para empadronarse en la localidad.

- ¿Nada más?

- Solo eso.

El Ayuntamiento de Robledo, gobernado por el PP con mayoría absoluta, y con un 14% de población inmigrante entre sus 3.800 habitantes, se suma a la lista de municipios españoles que han intentado aplicar normas ilegales para impedir el empadronamiento de extranjeros en su término municipal. Este Consistorio exige un contrato de trabajo, a los que no tienen nacionalidad española, como requisito indispensable para poder empadronarse allí.Pese a que la propia consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, reconoció que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dio órdenes en marzo para que no se repitieran las redadas, pero insistió en que siguen produciéndose. “Existían y siguen existiendo”, recalcó.

Adrados, que se sumó a las reivindicaciones de las organizaciones no gubernamentales y de los sindicatos policiales, restó responsabilidad a la policía. “Los agentes no son culpables, cumplen órdenes de una circular que promueve una actividad de control indebida”, aseguró. Como única prueba, afirmó que en 2009 la policía hizo 445.000 identificaciones. “Son 1.200 al día”, remarcó. El portavoz de Interior explicó que no sabe de dónde salen esos datos, porque la policía no hace estadísticas sobre identificaciones. Y menos siguiendo como criterio la nacionalidad. “Vienen repitiéndose las denuncias, pero no se aportan datos reales”, remachó.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, eludió apoyar en esta tesis a su compañera de filas y se remitió a declaraciones anteriores, en las que el consejero ha alabado el trabajo de la policía en la región.

También la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, negó que existan redadas en Madrid e insistió en que en todas las actuaciones policiales se respetan los derechos y libertades. “La policía cumple estrictamente la ley”, zanjó.

Pero, sobre todo, Valcarce reprochó a la nueva consejera de Inmigración su “deslealtad” por no haber comunicado a la Delegación del Gobierno cualquier queja en este sentido antes de hacer declaraciones públicas reprobando la actuación del Gobierno central. “En ningún momento la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración ha comunicado, ni ha expresado, por los conductos oficiales, dentro de la lealtad institucional, ninguna queja, denuncia o comentario”, afirmó. “Es intolerable que siendo como es una responsable de un Gobierno autonómico, no utilice los conductos habituales, como debería ser lo lógico”.