Ya lo denunció en la Asamblea de Madrid el pasado 13 de mayo, pero ayer la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, volvió a insistir en la tesis de que existe una “persecución policial” a los inmigrantes por sus rasgos o su color “por órdenes del Ministerio de Interior”, algo que calificó de “absolutamente intolerable”. Se producen, dijo, “no por indicios de la comisión de un delito, sino por el color de la piel”.

Un portavoz del ministerio negó tajantemente que haya “redadas dirigidas a los inmigrantes”. “Hay controles policiales, pero responden a criterios de seguridad ciudadana y de la lucha contra la delincuencia. Nunca van dirigidos a los extranjeros”, subrayó. Y recordó que el pasado febrero el director general de la Policía y la Guardia Civil envió una instrucción en la que establecía los criterios para estos controles.

Adrados aseguró en conversación telefónica que, desde que llegó a la consejería el pasado 18 de marzo – para sustituir a Javier Fernández – Lasquetty que dejaba el cargo para ocupar la vacante de Juan José Güemes en Sanidad – , viene recibiendo quejas al respecto de inmigrantes. “Me dicen que están sometidos a una persecución policial por órdenes del Ministerio de Interior”, explicó la consejera. “Por eso evitan ir a determinadas bocas de metro, a algunos colegios o locutorios porque les da miedo”.A los españoles, sin embargo, tan solo se les solicita el documento nacional de identidad y la fotocopia del contrato de arrendamiento o de compra de una vivienda dentro del municipio. Los únicos documentos que efectivamente exige para acceder al padrón la Ley de Bases del Régimen Local (de obligatorio cumplimiento en todo el Estado).

“Llevamos en España desde 1993”, cuenta el matrimonio de marroquíes tras recibir una nueva negativa a su empadronamiento. Desde que hace unos meses tuvieran que cerrar la carnicería que regentaban en Burgos y decidiesen instalarse en este municipio con el sueño de montar otro negocio, Mimount, Moustapha y sus tres hijos han intentado una y otra vez empadronarse en Robledo. Sin éxito. Aseguran que en alguna ocasión, el mismo alcalde, Mario Anselmo de la Fuente (15 años como regidor), les ha informado de que, a no ser que consigan un contrato laboral, no podrán darse de alta en el padrón. Un trámite necesario para poder acceder a servicios tan básicos como la educación o la sanidad gratuitas, indispensables para familias como la de estos marroquíes, que subsisten con los 400 euros de subsidio que recibe la señora.

“Hemos vivido en Segovia, en El Escorial, en Galapagar, en Cercedilla y en Burgos. Y jamás hemos tenido ningún problema para esto. Hasta que hemos llegado aquí”, asegura Moustapha. “En una ocasión el alcalde nos dijo: ¿A que a mí no me dejarían empadronarme en Marruecos?”, continúa el afectado.

Los inmigrantes de Robledo afirman que el requisito entró en vigor hace aproximadamente dos años, y que desde entonces empezaron los problemas para registrarse. Una situación que la oposición en el Ayuntamiento (formada por tres concejales socialistas frente a ocho del PP) ya denunció a través de su boletín en mayo de 2008, y por la que ahora pedirá cuentas ante el grupo de gobierno en el pleno ordinario de finales de este mes.

“El alcalde lleva tanto tiempo en el poder que ya hace las cosas como él quiere”, denuncia el portavoz municipal socialista, Adolfo Ventero. Kamal Rhamouni, presidente de la asociación de inmigrantes marroquíes mayoritaria en España, ATIME, también se suma a la denuncia: “Hemos recibido cinco quejas por escrito de vecinos de Robledo perjudicados por este asunto”, afirma. Según Rhamouni, las protestas empezaron a surgir a principios de año, cuando los medios dieron a conocer dos casos de discriminación similares en Vic (Barcelona) y Torrejón de Ardoz (Madrid). En el primero, se impedía el empadronamiento a los sin papeles, y en el segundo, a los extranjeros que viviesen en pisos de menos de 20 metros cuadrados por inquilino o a los que tuviesen certificado de turistas. (En ambos municipios los equipos de gobierno se vieron obligados a dejar de aplicar sus normas ilegales).

Pero el alcalde de Robledo no parece querer deshacer su envite. Ayer, se negó a responder a este diario por qué aplicaba normas ilegales. “Solo daré explicaciones de lo que hago en mi municipio si me lo exigen los tribunales”, respondió. Sin embargo, por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, Francisco Granados, de su mismo partido, se manifestó en sentido opuesto el pasado viernes al asegurar que “no tener un contrato de trabajo no es motivo para no empadronar a nadie”. “La obligación de los funcionarios y cargos públicos es cumplir y hacer cumplir la Constitución, y desde luego cumplir leyes”, advirtió Granados.

Algunos extranjeros como Hassan, otro marroquí del municipio, aseguran que llevan más de un año intentando su registro, informa Carlos Rosillo. Aunque por el momento, los inmigrantes afectados en Robledo están teniendo suerte con la escolarización de los niños. El colegio no les ha exigido el certificado. Algo que no sucede en lo que a atención médica se refiere. “Alguna vez me han atendido, pero la última me tuve que coger un tren al Escorial con un dolor de espalda tremendo”, relata Mimount. “Aquí me dijeron que no podían atenderme porque no estaba empadronada”, asegura mientras sujeta su inútil contrato de alquiler.